En los 70 fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la dictadura de Hugo Banzer. El 2 de abril de 1976 fue secuestrada de su casa y torturada en la entonces Prefectura de Cochabamba. Su caso fue denunciado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tras solicitar informes al Gobierno boliviano de entonces (1977) resolvió que dicha administración violó los derechos a su integridad y al debido proceso.
Ese mismo año, su esposo Luis Stamponi desapareció tras ser detenido en la dictadura de Banzer y entregado a las autoridades de Argentina. Heredia, que conoce las consecuencias de la violencia militar, presidió la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) y hoy es presidenta de la Comisión de la Verdad que investiga los crímenes registrados durante las dictaduras.
— ¿Cuáles son los avances para iniciar el trabajo de la comisión?
— Se ha constituido un equipo técnico que está dirigido por el sociólogo y diplomático Luis Fernando Rodríguez, quien tiene una amplia experiencia en Derechos Humanos y fue elegido por consenso por los miembros de la comisión. Hemos hecho un taller interno con personalidades con experiencia en este tema que nos ayudaron a identificar las tareas y definir la metodología de trabajo. (…) Nuestra tarea no solo es recuperar los testimonios y los hechos de las violaciones de los derechos humanos, sino recuperar la memoria para que nunca más vuelva a ocurrir y para nosotros es importante la participación de la sociedad civil y de los sectores sociales, sindicales y campesinos. Por ejemplo, en el caso de las masacres mineras es importante la ayuda de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Además, nos interesa que esta tarea repercuta en la formación de consciencia de la población y en los grupos sociales que fueron actores políticos en estas etapas. (…) Si bien el objetivo principal de la comisión es esclarecer los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones arbitrarias y la violencia sexual por motivos políticos e ideológicos de 1964 a 1982 también se busca establecer las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales en las que se dieron estos crímenes.
— ¿Qué profesionales conforman el equipo técnico?
— El equipo está compuesto por 15 personas con formación en diversas áreas, las cuales son altamente confiables y responsables para que realicen el manejo de la documentación, las pruebas y el análisis de los testimonios. Entre los miembros están abogados que revisarán los procesos vinculados a los crímenes de la dictadura y están en curso como el del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores y otros que eran parte del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), así como otros casos. (…) También hay periodistas que analizarán las noticias y las condiciones políticas, económicas y sociales en las que se dieron estos hechos de lesa humanidad. Hay documentalistas, sociólogos, pedagogos y otros. Asimismo, tenemos coordinadores en Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. (…)
— ¿Cuál es el plan de trabajo?
— Con la comisión se han establecido estrategias que pueden ajustarse según la obtención de la información, pero también se fijaron plazos porque el comité tiene una vigencia de dos años y hay muchos hechos del régimen dictatorial que se deben abordar.
— ¿Las Fuerzas Armadas expresaron su apoyo a la comisión para que se investigue estos crímenes? ¿Esto ya se consolidó?
— No, porque aún no se los hemos pedido porque estábamos organizando y definiendo el plan de trabajo. (…) Si las Fuerzas Armadas nos entregan los documentos originales, bienvenido; pero sino vamos a digitalizar aquellos que brinden mayor información. La institución castrense ha mostrado su predisposición para abrir sus archivos relacionados con las dictaduras y pronto iniciaremos la investigación, así como de los documentos de los ministerios de Gobierno, Defensa y de Justicia, el último cuenta con los archivos personales de la víctimas de estos hechos para cumplir con la Ley de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política. También se está colectando archivos de Asofamd, las universidades públicas (archivos institucionales y las tesis relacionadas con el tema) donde hubo control político interno y seguimiento a docentes, estudiantes y trabajadores. (…) Incluso, queremos pedir a la universidad suscribir un acuerdo para que uno de sus institutos nos pueda ayudar con la recuperación de información sobre los crímenes de las dictaduras militares. (…)
— El Ministerio de Defensa advirtió que algunos papeles de dictaduras de Luis García Meza y Hugo Banzer fueron destruidos ¿Qué se hará en estos casos?
— Es lógico que los archivos del Ejército sean los más importantes por la estructura vertical que tiene la institución, aunque eso no significa que no analicemos los documentos de la Policía y el Ministerio de Gobierno pese a que muchos se perdieron porque se los llevaron los militares, pero se debe reconstruir esa historia. Es posible que falten documentos; sin embargo, debemos trabajar para conseguirlos y además existen testimonios.
— ¿Cómo se efectuará la recolección de testimonios?
— Nuestro interés es lograr que la ciudadanía se informe sobre estos hechos pero al mismo tiempo convocar a los familiares, las víctimas, los testigos y los actores sociales en la época dictatorial que se acerquen a la comisión porque necesitamos testimonios, documentos y otros que faciliten información sobre estos crímenes de lesa humanidad y no tengan miedo porque los datos emitidos serán confidenciales. (…) Se hará la recopilación de testimonios personales y grupales, la cual es una tarea compleja que requiere tiempo y que la efectúen expertos porque existen protocolos.
— El Alto Comisionado de las Naciones Unidas expresó que en la época dictatorial las FFAA fueron muy organizadas y que los archivos no se destruyen fácil.
— Se han abierto los archivos del Departamento de Estado y de la CIA que se deben investigar, así como los papeles del Plan Cóndor que están en Paraguay y otras fuentes son los documentos de los procesos interpuestos a raíz de ese plan. (…) El núcleo central de la indagación son las víctimas de las dictaduras como las personas desaparecidas, asesinadas, torturadas, los perseguidos y sus familiares. Pero, también las circunstancias de estos hechos (…).
— En el caso del líder Quiroga Santa Cruz, ¿cómo se trabajará?
— Nos hemos reunido con el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que nos entregue toda la documentación necesaria y con los datos continuará la investigación. Hasta ahora se desconoce el paradero de sus restos, es un tema muy político. Se hará entrevistas a García Meza y Luis Arce Gómez.
‘Buscamos la verdad y la justicia’
La presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, estuvo en La Paz a inicios de este mes e hizo una pausa en sus funciones como secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud y Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), con sede en la ciudad de Lima (Perú), para dar a conocer los avances y las actividades a corto y mediano plazo de la entidad. La activista reveló que cuando le plantearon ser parte del comité, para ella era una labor significativa y aunque estaba ocupada no podía no aceptar ese trabajo debido a que representa una lucha por su “entorno familiar”.
— Tras más de 30 años de recuperar la democracia, ¿qué importancia tiene consolidar el trabajo de la Comisión de la Verdad?
— Tiene una gran importancia porque son más de 30 años de pelea, de buscar la verdad y la justicia. Cuando me llamaron para ser parte de la comisión primero les indiqué que me parecía una tarea de mucha importancia y pese a que estaba muy ocupada no iba a rehuir de este trabajo, y acepté con la condición de que no iba a ser remunerado porque hemos luchado y seguiremos luchando. Lo mismo hicieron los otros miembros y es parte de la lucha pero en mi caso es parte de esta lucha de mi entorno familiar, somos luchadores políticos.— ¿Qué opina del indulto otorgado al expresidente peruano Alberto Fujimori? pues fue rechazado por varias organizaciones de Defensa de los De rechos Humanos
— Es un tema muy delicado porque estoy en Perú, pero evidentemente lo que se ve en los familiares, las víctimas y los activistas de los Derechos Humanos en Perú es que hay un rechazo por esta actitud. En todo caso lo que en Perú además se ha discutido el año anterior es que si se consolidaba el indulto por razones humanitarias y de edad también debería darse ese beneficio a los otros que tendrían una edad avanzada y algunos estarían enfermos. De hecho, esta decisión no fue bien recibida por los familiares de las víctimas de la época dictatorial.
Pérfil:
Nila Heredia Miranda
Afirma que si bien hay documentos de las Fuerzas Armadas que fueron destruidos o se perdieron, se hará los esfuerzos para conseguirlos y además que existen ‘testimonios reservados’ para efectuar la investigación.
Nació: 21 de septiembre de 1943 (Potosí).
Profesión: Médica.
Ocupación: Desde 2015 es secretaria del Organismo Andino de Salud (ORAS-CONHU).
En 2006 y 2010 fue ministra de Salud en el gobierno de Evo Morales. Fue vicerrectora y rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
