El viernes pasado, en medio de la polémica por la conformación de la directiva de la Asamblea Legislativa para la legislatura 2018-2019, la diputada de Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa denunció corrupción en ese órgano, revelando que sus colegas de la oposición ejercen violencia política contra las mujeres asambleístas a la hora de nominar y elegir representantes, que existen ítems fantasmas, que se hacen cobros a los empleados que desean conservar su empleo, y que hay casos de suplantación de identidad de los propios asambleístas, además de nepotismo.
La explosiva denuncia, que fue apoyada por la también diputada opositora Fernanda San Martín, puso en evidencia que las viejas prácticas de la política dentro del Palacio Legislativo no han cambiado, y que gozan del apoyo y encubrimiento de representantes de la oposición tanto como del oficialismo. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados pidió a sus colegas que presenten pruebas a fin de iniciar las investigaciones que conduzcan a la sanción de esas prácticas.
No es un asunto menor, pues significa que quienes toman la palabra para denunciar actitudes poco democráticas o falta de transparencia en las autoridades del Ejecutivo ejercen por detrás miserables prácticas que no condicen con la moral que deberían encarnar en su condición de representantes del pueblo. Es deseable que la denuncia dé paso a una investigación que culmine en sanciones ejemplares para la corrupción en la Asamblea Legislativa.
