Apenas 38 días después de su promulgación, el Presidente anunció que solicitará a la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación del Código de Sistema Penal (CSP). Se adelantó así al “ultimátum” de voceros de la oposición, en especial dirigentes cívicos, que dieron plazo hasta este lunes 22, en ocasión del mensaje presidencial, para dar marcha atrás en la polémica norma.
El interrumpido trayecto del nuevo Código deja importantes aprendizajes. El más evidente es que legislar sobre un asunto sensible y complejo como el sistema penal requiere amplia socialización y cuidadoso debate. No ocurrió así con el CSP. Resulta sintomático que solo dos cuestiones de un robusto Código de 681 artículos hayan concitado la atención pública e informativa durante meses. Y que luego, de pronto, proliferaran cuestionamientos, varios de ellos asentados en falsedades y manipulación.
Así, lo que en principio aparecía como rechazo a sancionar la mala práctica e incluir nuevas causales para la interrupción voluntaria del embarazo, devino en bandera aglutinadora de movilización. No bastó la decisión presidencial de derogar dos artículos, primero, ni instalar un año de discusión para “mejorar la norma”, luego. La consigna exigía dejar sin efecto el Código en su integridad. Concurrieron en ese camino diversos actores, unos políticos, otros ciudadanos, instalados en la oposición.
La decisión oficial de abrogar el CSP, que implica formalmente una ley para el efecto, modifica el escenario de conflicto, aunque no lo supera. Y es que mientras el Mandatario justifica la medida en beneficio de la estabilidad (“y que la derecha deje de conspirar”), diferentes líderes de la oposición, triunfalistas, proclaman sin velos su objetivo mayor, que siempre estuvo a la vista: dejar sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita la repostulación de Morales.
Abrogado el Código de Sistema Penal, ¿queda sin efecto el ultimátum opositor? Eso depende. De entrada el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, anunció la suspensión de la huelga general e indefinida convocada para mañana, e incluso la disolución del Comité de Defensa de la Democracia (Conade). Jefes partidarios y dirigentes cívicos, en cambio, declaran que “la lucha continúa”. No quieren ver a Morales en la papeleta de las elecciones presidenciales de 2019 y vislumbran nuevos ultimátums al Gobierno.
Así las cosas, en relación al CSP corresponde alentar un debate plural y sereno que, de manera concertada, preservando los avances sustantivos, construya una nueva propuesta. Y en torno a la reelección (esa “batalla de fondo”) está claro que marcará un 2018 de prematura electoralización con miras a los futuros comicios. Veamos hoy las señales del discurso presidencial y los cambios en el gabinete de ministros. Y esperemos la siguiente parada del conflicto: 21 de febrero, con escala en Carnaval.
