Durante los últimos días se ha desatado una dura pugna en el Senado estadounidense para aprobar el presupuesto gubernamental de la presente gestión. El principal escollo deviene por los $us 18.000 millones solicitados por la Administración Trump al Congreso para construir un muro en la frontera con México. Pedido que es rechazo por los demócratas, pues según los expertos constituiría un gasto insulso que no contribuiría a contener la migración ilegal ni el ingreso de droga a Estados Unidos, pero sí perturbaría seriamente las condiciones de vida del medioambiente, especialmente de la fauna, así como de las personas que habitan a lo largo de la frontera.
Para lograr este despropósito, los legisladores republicanos han estado utilizado como “moneda de cambio” a los cerca de 700.000 jóvenes que emigraron en su niñez a Estados Unidos sin documentos, conocidos como dreamers, y que se han acogido a un programa creado por Barack Obama que les permitía permanecer en el país.
El lunes, luego de que el Gobierno de la potencia del norte permaneciera cerrado parcialmente durante tres días ante la falta de un acuerdo, los legisladores demócratas finalmente cedieron y aceptaron aprobar el presupuesto a cambio de asegurar apoyo para los dreamers. Este chantaje pone nuevamente en evidencia que el sistema político estadounidense adolece de serias deficiencias estructurales, en tanto se sostiene sobre la base de un modelo cuyo objetivo último no es el de satisfacer las necesidades de la gente, sino maximizar, a como dé lugar, las utilidades financieras.
