La Delegación Defensorial Departamental de La Paz logró aplacar el conflicto por tenencia de tierras entre dos comunidades de la provincia paceña Inquisivi, que la semana pasada derivó en el avasallamiento de viviendas y cultivos que afectaron al menos a 30 personas.
Lo hizo tras canalizar este martes un acercamiento entre las partes enfrentadas, donde se logró un acuerdo para la conformación de una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Ministerio de Gobierno, que llegará hasta el lugar de conflicto la primera semana de marzo para evaluar la situación.
Para ello, el INRA emitirá una medida precautoria para que no exista ningún movimiento en el sector, se informa en un boletín de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz.
En la reunión del martes fue auspiciada por la Delegada Defensorial, Teresa Subieta, y en ella participaron pobladores de las comunidades 14 de Septiembre (Chapapani) y Cala Cala, además de autoridades originarias y del Gobierno Municipal de Inquisivi, el director del INRA-La Paz), Edgar Condori, y un representante del Ministerio de Gobierno.
Según la queja recibida, pobladores de Chapapani, del cantón Arcopongo, utilizando armas de fuego, corto punzantes, dinamita y otros explosivos, habrían desalojado de sus viviendas al a menos 30 personas de la comunidad 14 de Septiembre, del sector Sequerancho, quienes tuvieron que huir hasta el rio Cotacajes, donde actualmente estarían durmiendo cobijados en carpas. Denunciaron que sus sembradíos también fueron destrozados.
Subieta, una vez conocida la denuncia el pasado 17 de enero, requirió información al INRA sobre el problema, que es resultado de las pugnas por el derecho propietario del sector donde está asentada la comunidad 14 de Septiembre, que es reclamado por Chapapani.
Entonces, señala el informe de la Delegación, se conoció que la entidad agraria no pudo realizar las acciones de saneamiento debido a la oposición de pobladores de esa comunidad, por lo que la Delegación Defensorial consiguió que el INRA amplíe la Resolución de Saneamiento, de modo que se pueda buscar una solución al conflicto.
La Delegada manifestó que el INRA tiene buena disposición para alcanzar una solución “siempre y cuando haya paz social”, ya que las agresiones no sólo habrían venido de una de las partes, sino también de la comunidad que hoy denuncia el avasallamiento. (24/01/2018)
