El Decreto 3469, aprobado el miércoles en gabinete de ministros, abre las puertas a las empresas privadas nacionales y extranjeras para que puedan invertir en proyectos públicos, así como para conformar alianzas conjuntas con entidades territoriales autónomas.
“Lo que hemos hecho ayer (por el miércoles), a través del decreto, es normar una forma de alianza entre el sector privado y el público. Ahí hemos abierto la posibilidad de que las entidades territoriales, municipios, gobernaciones, puedan generar alianzas con el sector privado para diferentes emprendimientos productivos y también para encarar obras de infraestructura si fuera necesario”, explicó ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado.
La autoridad explicó que hay mucho interés de las empresas privadas nacionales, así como de las extranjeras, en invertir en diversos proyectos que se desarrollan en el país, además de generar alianzas con compañías públicas, municipios y gobernaciones.
La disposición tiene el objetivo de establecer los preceptos y el contenido mínimo de los contratos de Alianzas Estratégicas de Inversión Conjunta entre el sector público-privado nacional y/o extranjero. Esta norma es la reglamentación a la Ley 466 de la Empresa Pública, del 26 de diciembre de 2013, y a la Ley 516 de Promoción de Inversiones, del 4 de abril de 2014.
El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Jerges Mercado, explicó ayer a La Razón que el decreto da claridad a las anteriores normas, en las que no se precisaba sobre la conformación de alianzas estratégicas, lo que preocupaba a las autoridades municipales porque no se podía ejecutar estos acuerdos entre el sector público y privado, ya sea nacional o extranjero.
“Creemos que en el contexto de un estado de economía plural es importantísima la participación privada y confiamos plenamente en que las alianzas público-privadas en el ámbito local pueden ser una salida para generar economía, mejorar la gestión pública e ir resolviendo los problemas de las competencias municipales”.
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