El Gobierno de España decidió hoy presentar un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de que el independentista Carles Puigdemont, huido de la Justicia, sea el candidato a ser investido presidente regional de Cataluña.
El Ejecutivo, presidido por el conservador Mariano Rajoy, mantuvo la decisión de recurrir a pesar de que el Consejo de Estado (máximo órgano consultivo) no ve fundamentos para impugnar de manera preventiva la candidatura.
Y sigue adelante con el recurso porque tiene argumentos legales «suficientes» para evitar que Puigdemont pueda continuar con su «desafío» al Estado de Derecho, ya que pesa sobre él una orden de detención en España, argumentó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa.
«Nuestra obligación es defender la legalidad, la democracia y la Constitución», justificó, así que el Gobierno usará «todos los instrumentos legales» a su alcance.
El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, propuso que Puigdemont sea el candidato tras las elecciones regionales del pasado 21 de diciembre, y convocó la sesión de debate para su investidura para el martes 30 de enero próximo.
Sin embargo, el Parlamento catalán no ha decidido aún cómo sería investido, pues permanece en Bélgica huido de la Justicia española, que lo investiga por haber promovido un proceso secesionista ilegal en Cataluña.
La coalición Junts per Catalunya (JXCat, centroderecha independentista), que lidera Puigdemont, ha llegado a proponer que sea elegido por el Parlamento catalán a distancia, es decir, «telemáticamente», si no se presenta el día 30.
La junta de portavoces parlamentarios se pronunciará sobre ello el mismo día 30, justo antes de que comience la sesión de investidura.
El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont como presidente catalán y a todo su gabinete el pasado 27 de octubre y convocó elecciones autonómicas, después de que el anterior Parlamento regional aprobase una declaración a favor de la independencia unilateral, declarada inconstitucional.
«Tenemos el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible para evitar que la legalidad sea vulnerada con respeto a los procedimientos», remarcó Sáenz de Santamaría respecto a la candidatura y eventual investidura de Puigdemont.
Dijo que respeta los criterios jurídicos del Consejo de Estado, pero su dictamen «no es vinculante para el Gobierno», aunque sea preceptivo consultarle previamente en este caso, precisó.
En concreto, el informe del Consejo de Estado discrepa del momento para presentar el recurso en el TC.
Por el contrario, Sáenz de Santamaría argumentó que, si la investidura de Puigdemont sigue adelante, «puede causar un daño grave a las instituciones españolas y a su democracia».
El TC debe decidir si tramita el recurso del Gobierno, previsiblemente antes del martes próximo. En caso de que fuera así, procedería a la suspensión de la convocatoria de la sesión de investidura, sin entrar en el fondo de la cuestión recurrida, según fuentes del Tribunal consultadas por EFE.
(26/01/2018)
