La Asamblea Legislativa y otras entidades de carácter nacional y subnacional carecen de un reglamento específico para atender los hechos de violencia y acoso político; esto dificulta la atención integral de esos casos.
La representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, explicó a La Razón que a excepción del Concejo Municipal de La Paz, ninguna entidad pública cuenta con ese instrumento legal para atender y resolver las denuncias, en el marco de lo que señala la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
“Ninguna institución pública ha dado cumplimiento a ley, ni siquiera la Asamblea Legislativa, por eso es que varias de las situaciones que estamos viendo de acoso y violencia política no tienen a dónde llegar”, explicó.
La disposición transitoria quinta de la Ley 243 señala que en un plazo de 90 días las entidades deberán elaborar o en su caso modificar sus reglamentos internos e incluir como faltas los actos que se describen en la norma, que fue promulgada en mayo de 2012.
Novillo destacó que, a la fecha, el Concejo edil paceño es la única entidad que elaboró una “ley específica” para atender esos casos y lamentó que no ocurra lo mismo en el resto de los gobiernos municipales, asambleas departamentales, ni en el Legislativo.
La Coordinadora de la Mujer dio cuenta de esta ausencia de mecanismos para atender y resolver esos casos, que incluso deberían ser revisados por las respectivas comisiones de ética, luego de que la diputada opositora Jimena Costa (UD) denunció, hace dos semanas, una serie de irregularidades, entre ellas, acoso político, validación de ítems fantasmas, extorsión y suplantación de identidad por parte de legisladores de su propio partido político.
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