La palabra democracia se deriva de las palabras griegas demos, pueblo, y cratos, poder; por tanto, a partir de los vocablos odos, calle, y cratos, poder, se podría formar la palabra odoscracia. Los últimos enfrentamientos entre el Estado y grupos movilizados por diferentes causas, todas atendibles pero no todas entendibles, podrían sugerirnos que en Bolivia no rige la democracia, es decir el poder del pueblo, sino, la odoscracia o el poder de la calle.
En las postrimerías de la dictadura franquista en España, Fraga Iribarne, entonces ministro del Interior de aquel oprobioso régimen, pronunció una frase rotunda: “la calle es mía”, dijo, a modo de severa advertencia que pretendía justificar la represión contra las manifestaciones populares. De esa manera Fraga quería significar que no es al pueblo a quien le pertenece la calle, sino al Estado. En la distancia que media entre Fraga y los “odóscratas” habitan las sociedades más civilizadas. Los derechos a la huelga y a manifestarse no pueden ser conculcados en un régimen verdaderamente democrático; de la misma manera que es preceptivo que tales derechos tengan que ser ejercidos en el marco de la ley y no ser utilizados como una forma generalizada y descontrolada de protesta, bajo riesgo de ser desvirtuados.
El insólito espectáculo de grupos de médicos saliendo en turbamulta para reivindicar un estatus extralegal nos ha dejado estampas para la historia que serán difíciles de olvidar. No sabemos, y es probable que nunca lo sepamos, cuál ha sido el impacto real de esa huelga salvaje sobre la salud de cientos o miles de personas que durante ese deplorable proceso vieron su salud deteriorada, así como pisoteado el más fundamental de todos los derechos, que es el derecho a la vida.
Igualmente insólita resulta la inexplicable conducta de algunas personas que, reclamando pertenecer a la parte “leída y culta” de la sociedad y reivindicando su “diferencia” con los actuales gobernantes, se mantuvieron al margen o incluso beligerantemente a favor de esa inhumana huelga con tal de socavar al actual Gobierno. Algunos, desde luego, han perdido una oportunidad de oro para mostrar esa “diferencia”. Pero si insólito resulta lo anterior, ya en el paroxismo del despropósito escuchamos al presidente del Colegio Médico de Bolivia dar un plazo al Gobierno para que éste deje sin efecto los descuentos y despidos producidos como consecuencia de aquella huelga salvaje.
¿Cómo se desarrolla una huelga en una sociedad más avanzada que la nuestra? En primer lugar, cualquier sector que convoque a una huelga debe solicitar a las autoridades la autorización respectiva. De común acuerdo, autoridades y convocantes fijan unos “servicios mínimos”, es decir, la parte que debe seguir funcionando a pesar de la huelga. En el caso de servicios esenciales como la sanidad, los “servicios mínimos” suelen ser muy amplios con objeto de no dejar desasistida a la población, como fue el caso de la huelga de médicos. Todo trabajador que decida ir a la huelga debe manifestarlo por escrito a sus superiores y, por supuesto, al entrar en huelga sabe que renuncia automáticamente al salario de los días no trabajados. Estos días, de cara a la jubilación, tampoco computan como tiempo trabajado.
Lo peor de todo es que si no es la actual Asamblea Legislativa, será la próxima o la subsiguiente la que, por necesidad e imperativo legal, por razones de Estado, o incluso simplemente por moral, deberá promulgar un nuevo Código del Sistema Penal. Y si se siguen los lineamientos básicos de la jurisprudencia y de las modernas doctrinas del derecho con respecto al tema, como es lógico que así sea, no cabe la menor duda de que particularmente en lo que al artículo 205 del derogado Código Penal se refiere, la nueva norma será muy parecida y tendrá las mismas consecuencias penales.
