El expresidente de la región de Cataluña Carles Puigdemont anunció este jueves que retira «provisionalmente» su candidatura a la reelección para ese cargo y propuso en su nombre a Jordi Sánchez, número dos de su lista electoral y en prisión preventiva por sedición.
Además el político independentista, prófugo de la Justicia española, dijo que un equipo de abogados internacionales ha presentado hoy en su nombre «una demanda contra el Estado español ante el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas», para denunciar la «violación» de sus derechos.
Explicó que con esta acción legal pretende denunciar la «violación» por parte del Estado de la «Declaración Universal de los derechos humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos».
A través de varias redes sociales, Puigdemont dirigió un mensaje en el que justifica su decisión de renunciar en que pretende favorecer que las instituciones catalanas sean «restituidas» a los ciudadanos.
Sánchez está en prisión preventiva desde el 16 de octubre por decisión de un juez del Tribunal Supremo que le investiga por un delito de sedición.
El 30 de octubre Puigdemont huyó a Bruselas, junto a varios de los antiguos consejeros de su Gabinete (cesado tres días antes por orden del Gobierno español), donde elude la acción de la Justicia por los presuntos delitos de rebelión y sedición vinculados a su papel en la promoción de un proceso independentista en Cataluña.
Desde la capital belga emitió ese mensaje en el que hace patente su renuncia «provisional» y pide al presidente del Parlamento autonómico que haga una nueva ronda de contactos para proponer un candidato a encabezar el Gobierno regional.
Puigdemont ha avanzado el nombre de Jordi Sánchez, cuya candidatura es difícil, porque para defenderla en persona en la Cámara debería contar con el permiso del juez Pablo Llarena, del Supremo, que hasta ahora ha rechazado todas las peticiones de libertad bajo fianza.
Con su renuncia, Puigdemont ha oficializado así lo que era un secreto a voces desde hace semanas: que la estaba preparando para desbloquear la legislatura dando paso, en primera instancia, a Jordi Sànchez, a quien ha calificado de «hombre de paz, injustamente encerrado en una cárcel española».
La hipótesis de la candidatura de Sánchez se comentaba desde hace días y fue rechazada por el Gobierno español, que a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que es «difícil» pensar en un presidente autonómico que esté «en prisión».
La decisión de Puigdemont tiene lugar después de que la mayoría independentista que controla el Parlamento regional (setenta escaños de 135) haya aprobado hoy una resolución en la que criticó lo que considera ilegalidad de la destitución del anterior Ejecutivo catalán y reivindicó el referéndum inconstitucional de «autodeterminación» que tuvo lugar el 1 de octubre pasado.
Semanas después de esa consulta, plagada de irregularidades y en la que hubo varias cargas policiales que trascendieron a los medios internacionales, el «Parlament» aprobó una declaración unilateral de independencia ilegal.
Ese 27 de octubre, unas horas después, el Ejecutivo español de Mariano Rajoy -con el respaldo del Senado- cesó al Gabinete Puigdemont y convocó elecciones autonómicas que ganó el partido liberal Ciudadanos, aunque los partidos secesionistas han logrado la la mayoría absoluta en la cámara regional.
Varios líderes de ese proceso soberanista están en prisión preventiva y otros en libertad provisional bajo fianza a la espera de juicio.
Entre ellos Sánchez, que en principio podría contar con el apoyo de las dos principales fuerzas secesionistas -JxCat (centroderecha) y ERC (izquierda)- y con las reticencias del tercer partido de ese sector, la CUP (antisistema), que cuenta con cuatro diputados.
En primera instancia Puigdemont fue propuesto como candidato a la reelección, pero el Tribunal Constitucional prohibió que su debate de investidura fuera a distancia, desde Bruselas, lo que llevó a que el pleno del Parlamento regional para su elección, el 30 de enero, fuera suspendido
(01/03/2018)
