Un registro nacional, además de la aplicación de una serie de restricciones desde el acceso a un cargo público y pasaportes hasta la prohibición de contraer matrimonio para los deudores, es la nueva propuesta de ley del Gobierno para procurar que la asistencia familiar se otorgue de manera oportuna.
“Este proyecto de ley ya se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Convocamos desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a la Asamblea a que podamos realizar el debate técnico, el diálogo; para que podamos fortalecer las medidas o la ejecución de fallos en lo que refiere a asistencia familiar”, afirmó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz.
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La propuesta pretende ejecutar medidas más estrictas para que el pago de la asistencia familiar se realice como corresponde y no así con meses de retraso, como se observa en varios casos.
“De acuerdo con la información de la Dirección de Régimen Penitenciario, hasta diciembre del 2022 se tenía identificado un total de 860 personas que se encontraban recluidas en centros penitenciarios a nivel nacional por deudas de asistencia familiar; de los cuales 848 (98%) correspondía a varones y 12 (2%) a mujeres”, puntualizó el Ministerio de Justicia, en una nota institucional.
ASISTENCIA FAMILIAR
Es así que generar mecanismos para que no se acumulen deudas que terminan afectando a niños y adolescentes se vio urgente. El primer paso que se pretende dar con esta ley es generar un registro.
“Este proyecto de ley tiene como objetivo la creación del Registro Nacional de Asistencia Familiar; en este caso se va a contener información de todas y todos los obligados por una resolución judicial al pago de la asistencia familiar; y se va a lograr hacer la identificación de deudoras y deudores”, aseveró la autoridad.
Al tener una base de datos nacional, se permitirá controlar quiénes acumulan deudas. Con esta información en un sistema, el siguiente paso de la norma es procurar que se apliquen medidas restrictivas para que se procure la regularización de los pagos.
“Se van a generar una serie de restricciones cuando se constate que existen deudoras o deudores de asistencia familiar. La primera será la restricción de acceso a un cargo público de cualquier órgano del Estado o a nivel de administración; sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación”, dijo Cruz.
LEY
En caso de que un funcionario público tenga un segundo registro como deudor en el Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renaf), la autoridad judicial podrá ordenar de oficio la retención del sueldo o salario.
“Al momento de la intimación de pago en procesos judiciales por cobro de deudas se considerará al beneficiario de asistencia familiar como acreedor preferente; ordenando la retención del monto adeudado y posterior transferencia de dichos montos a la cuenta acreditada ante autoridad judicial y registrada en el Renaf”.
Asimismo, la norma da paso a que, una vez aprobada la liquidación de asistencia familiar, de oficio se ordenen medidas cautelares patrimoniales o personales.
“También se va a generar suspensión de trámites en cuanto a obligaciones registrables y notariales sobre compra y venta de bienes inmuebles o bienes muebles objetos a registro”, dijo la viceministra.
Otra intención de la ley es que para acceder a planes, programas y proyectos sociales aprobados y financiados por el Estado, se incluya como un requisito para la postulación el no tener registro de deudor en el Renaf.
Las restricciones para quienes no tengan al día el pago de la asistencia familiar llegan también al sistema financiero; más puntualmente a la otorgación de préstamos.
“Las entidades de intermediación financiera incorporarán dentro de su evaluación crediticia la información en el Renaf para la otorgación de créditos”.
REGISTRO
Con la ley se daría paso a que los deudores no puedan tramitar pasaportes y así no puedan salir del territorio nacional. Además, no podrán casarse si no están al día en los pagos.
“También se va a generar una imposibilidad de contraer matrimonio hasta el pago de la deuda de asistencia familiar”, aseveró la autoridad.
¿Quiénes son considerados deudores? Justicia detalló que el registro en el sistema Renaf como deudor se realizará por tres meses consecutivos o cinco discontinuos de incumplimiento del pago de asistencia familiar, y previa liquidación de oficio.
“Vencido el plazo de aviso de pago, la autoridad judicial en un plazo de 24 horas, mediante resolución, ordenará la inscripción de la o el obligado como deudora o deudor en el Renaf, además de disponer de oficio las medidas cautelares patrimoniales o personales que correspondan para asegurar el pago del monto de la liquidación”, indicó la cartera estatal.
Otro aspecto de la norma es que la asistencia familiar sea aplicada de manera exclusiva y obligatoria en alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta de los beneficiarios.
“Se dispone que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia al inicio del año judicial emitirá parámetros para la fijación de asistencia familiar; considerando que la misma debe ser en el marco del costo de vida actual, de una debida compulsa de las necesidades de los habilitados para reclamarla y de las posibilidades del obligado para otorgarla”, explicó la viceministra.
Con datos, Cruz remarcó la importancia de establecer estos nuevos mecanismos. Recordó incluso que en casos de violencia y hasta feminicidios el reclamo del pago de la asistencia familiar fue la causa de éstos.
