A poco más de un año del conflicto que enfrentó a la población urbana de Achacachi con los Ponchos Rojos, ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el Alcalde han retornado a esa población por falta de garantías. En los hechos, esta ausencia de autoridades legítimamente constituidas significa que el Estado no tiene presencia allí, lo cual puede tener peligrosas consecuencias.
Fue del 13 al 15 de febrero de 2017 cuando los vecinos de Achacachi demandaban la renuncia de su alcalde por cuestionamientos a su gestión, que los Ponchos Rojos tomaron el municipio, produciendo en el enfrentamiento destrozos en edificios públicos y viviendas privadas, profundizando una división que ya se había instalado en torno al apoyo de estos últimos al burgomaestre.
El resultado de esas jornadas fue la detención preventiva del ahora expresidente de la Federación de Juntas Vecinales, acusado de la quema de la casa y el automóvil del Alcalde; el exvicepresidente de la Fejuve; el expresidente del Comité Cívico, acusado del presunto secuestro de uno de los Ponchos Rojos; y un vecino del pueblo acusado de portar armas de fuego. Irónicamente, ninguno de los Ponchos Rojos, acusados de destrozos en el pueblo, ha sido detenido ni mucho menos procesado.
En mayo de 2016, los vecinos del pueblo presentaron cuatro demandas contra el Alcalde, acusándolo de la presunta comisión de ocho delitos. Se desconoce el avance de las investigaciones del Ministerio Público en esta materia. Meses después, en agosto, el conflicto rebrotó y los habitantes cumplieron 27 días de paro indefinido y el bloqueo de la carretera que llega hasta Copacabana. Pedían la liberación de los cuatro detenidos de febrero y la renuncia del burgomaestre; no lograron cumplir su propósito.
Así, el Alcalde hoy “no tiene pisada y la Alcaldía sigue cerrada y los vidrios de las casas siguen rotos”, según afirma un dirigente de la provincia Omasuyos. Agrega el dirigente que en el último tiempo se hizo “un pacto de unidad con todas las organizaciones sociales y el Comité Cívico para sanar las heridas” y tratar de reponerse del conflicto.
Finalmente, en enero de 2018, un vecino de Achacachi presentó una solicitud para iniciar el trámite de revocatoria del Alcalde y los concejales, la cual fue rechazada. Paralelamente, ni la Policía ni la Fiscalía han vuelto a sentar presencia en el pueblo. El gobierno local, se sabe, funciona en Warisata, y es difícil imaginar cómo se hace una gestión edil a distancia.
Es, pues, una situación alarmante, no solo porque Achacachi es bien conocida por la belicosidad de sus habitantes, sino sobre todo porque el Estado no tiene presencia alguna y la sociedad civil está enfrentada a las autoridades. Urge, entonces, que el Gobierno encuentre una solución a ese estado de cosas, pensando en el bien de Achacachi y su población antes que en las adhesiones y compromisos de tipo político partidario.
