Se ha desatado una controversia entre Bolivia y Argentina acerca de la reciprocidad en la prestación de atención sanitaria gratuita para ciudadanos migrantes de ambos países. Después de algunos días en los que esta discusión tuvo un tratamiento poco prolijo, afortunadamente se ha logrado encauzarla bajo un marco diplomático y de evaluación serena de todas sus implicaciones.
Desde hace un tiempo, los migrantes bolivianos en Argentina se benefician del sistema público de salud de ese país. Esto gracias a una decisión soberana de anteriores autoridades argentinas en línea con una política migratoria progresista, sin que eso haya implicado necesariamente una contraprestación similar en Bolivia.
Frente a esta generosidad, sería lógico pensar que Bolivia podría acordar similares beneficios. Sin embargo, tal determinación no depende únicamente de la buena voluntad del Gobierno, sino también de la capacidad de nuestro sistema de salud para asumir tal responsabilidad. Recordemos que, lamentablemente, solo ciertos grupos vulnerables tienen prestaciones gratuitas de salud en Bolivia; sin mencionar los graves problemas en esta materia que enfrentan incluso quienes cuentan un seguro, y sobre todo aquellos que no lo tienen.
Sería deseable avanzar hacia una reciprocidad, pero en función a las capacidades reales del país para cumplirla. De lo contrario, sería solo un espejismo que no contribuiría a fortalecer la relación bilateral. Tampoco debemos ser inocentes sobre los contenidos del debate que se ha abierto en Argentina. Este surge del deseo del nuevo Gobernador de Jujuy de imponer cobros por las prestaciones de salud a los migrantes, el cual parecería responder, esperamos involuntariamente, a ciertos discursos que acusan a los extranjeros de aprovecharse indebidamente de esos beneficios o que los hacen responsables de los problemas de saturación del sistema. Es decir, lamentablemente hay un trasfondo que puede alentar suspicacias y discriminaciones contra los migrantes pobres y retroceder en las políticas de acogida.
No hay que equivocarse, entonces, en el debate. Bolivia no tiene responsabilidad directa en el endurecimiento en la cuestión migratoria que algunas autoridades argentinas parecen asumir. Estos son debates internos legítimos de ese país, pero en los que se esperaría que se consideren las posibles repercusiones en la relación bilateral.
Ese es el fondo del problema, no si nuestro país debe o no acordar la reciprocidad. Por supuesto, hay que analizar seriamente esa opción, entre otras para restarle argumentos a algunos discursos minoritarios xenófobos en el país vecino, pero sin presiones y responsabilidad, para no comprometerse en algo que no se podrá cumplir. El anuncio de la apertura de una conversación diplomática serena al respecto, por fuera del ruido mediático, va en el buen sentido.
