Para avanzar en el juicio de responsabilidades contra el expresidente prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), por la masacre de octubre de 2003, solo queda la vía política y diplomática. El Gobierno ya solicitó a EEUU en cuatro oportunidades la extradición.
“La extradición lamentablemente no avanza, es un tema de decisión política de Estados Unidos; mientras ese gobierno siga protegiendo a esta gente procesada y buscada por la Justicia boliviana, no los vamos a traer al país”, afirmó el fiscal general, Ramiro Guerrero.
El juicio de responsabilidades fracasó porque el expresidente y sus exministros de Defensa e Hidrocarburos, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, huyeron a Estados Unidos tras los conflictos de octubre. La Justicia boliviana no puede juzgar y emitir sentencia a personas ausentes.
“En ocho años no se ha avanzado ni un ápice. A pesar del esfuerzo que hacemos, veo muy difícil que el Gobierno norteamericano autorice la extradición de Sánchez de Lozada, que ha cumplido excelentemente el papel de funcionario de Estados Unidos”, dijo el viernes el vicepresidente Álvaro García Linera.
Al menos 58 personas murieran por impacto de bala y otras 400 resultaron con heridas de distinta gravedad en las dos semanas de enfrentamiento entre ciudadanos y militares, en El Alto y La Paz. El movimiento popular se organizó en rechazo al plan de Sánchez de Lozada de vender Gas Natural Licuado (GNL) a Estados Unidos vía puertos de Chile.
Las protestas pronto escalaron en radicalidad debido a la violenta respuesta del Estado; mineros, campesinos, indígenas y clase media confluyeron en la demanda de renuncia del gobernante.
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