Los empresarios privados creen que Bolivia pierde la lucha contra el contrabando «en todos los frentes» y que una muestra de aquello es la muerte de dos militares en la localidad de Cahuana, en el departamento de Oruro, el pasado domingo.
«Los asesinatos del pasado domingo, confirman que ni siquiera el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras, ha sido suficiente, y tampoco lo serán las leyes ni la indignación nacional, frente al poder y el tamaño de este flagelo», expresó este martes el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.
Según el empresario, los hechos del domingo demuestran que el contrabando no puede ser visto como un problema secundario, regional ni unidimensional, porque se trata de «un cáncer que destruye la economía, pervierte la institucionalidad, deforma los valores, elude la justicia y la ley, y ahora enfrenta alevosamente incluso a nuestra fuerza militar».
Los militares Fidel Chávez Molina (27) y Vladimir Siñani Ticona (24) murieron el domingo pasado durante un operativo de lucha contra el contrabando en la localidad de Cahuana, Municipio de Sabaya, Departamento de Oruro. Ambos recibieron impactos de bala cuando conducían un vehículo recuperado.
La noche del lunes, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, consideró que un grupo armado fue el que atacó y luego victimó a los dos militares.
Nostas indicó que un problema de esta magnitud requiere medidas integrales, urgentes y radicales.
«Lo primero es que el gobierno lo asuma como una prioridad en la misma proporción que el narcotráfico, y que se considere como un asunto de seguridad nacional y por lo tanto se generen las condiciones hasta lograr que sea una actividad socialmente inaceptable, jurídicamente condenable y económicamente inviable”, dijo.
El empresario calificó como útil e importante, pero parcial e insuficiente al anteproyecto de Ley que el gobierno remitió ayer lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que exime de responsabilidad penal a los militares y policías que participen en los operativos contra el contrabando y que hagan uso de sus armas de fuego.
«Probablemente debamos crear una entidad específica que no dependa de la Aduana ni de las Fuerzas Armadas o la policía, pero que pueda disponer de sus recursos y personal; una entidad especializada y dedicada de manera integral al control de ingreso de mercadería, la investigación y prevención, pero también del control de venta de productos de contrabando en los mercados, en coordinación con los municipios”, planteó.
Según la CEPB, el contrabando anual en Bolivia mueve alrededor de $us 1.680 millones y si se suma el contrabando hormiga llega incluso a $us 2.230 millones.
«Es una actividad que genera un movimiento económico mucho mayor que la mayoría de nuestros rubros industriales, y si se controlara, implicaría un crecimiento adicional entre el 1 y el 1,5% del PIB”, dijo Nostas.(13/03/2018)
