La demanda boliviana para una salida soberana al Pacífico ha sido una piedra en el zapato para sucesivos gobiernos chilenos. No es, sin embargo, algo que quite el sueño a los ocupantes de La Moneda, el palacio presidencial santiaguino. Desde la óptica dominante en Chile, la exigencia que el país le ceda a Bolivia una franja continua y soberana, con su respectivo puerto, aparece sin asideros jurídicos. Para Santiago, esos asuntos fueron zanjados por tratados firmados por gobiernos y parlamentos soberanos. En consecuencia, la comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, es presentada como otro trámite engorroso pero sin consecuencias.
Pese a lo anterior, las aspiraciones de La Paz recibieron atención de parte del presidente Ricardo Lagos (2000-2006) que postuló lo que consideró la mejor oferta posible: el Puerto de Caleta Patillos podría quedar bajo soberanía administrativa boliviana. Para todos los efectos prácticos sería un puerto controlado por Bolivia. Un paso para lograr la añorada “cualidad marítima”. La propuesta se enmarcaba en el proyecto de convertir a Chile en la puerta de entrada para inversiones asiáticas a Sudamérica. Lagos buscaba normalizar las relaciones con Bolivia y así incrementar la integración regional.
La propuesta fue considerada por sucesivos gobiernos, a partir de Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez. Ninguno de ellos abrió un debate público efectivo sobre el planteamiento. Al final de este proceso Evo Morales asumió la presidencia coincidiendo con la presidenta Michelle Bachelet. Ambos gobiernos elaboraron, en 2006, la llamada “agenda de 13 puntos”. De todos, había uno que interesaba por sobre todo a Bolivia, el sexto, que trataba sobre una salida al Pacífico.
Pero como ocurre con las agendas internacionales que presentan dificultades se partió por lo más simple para dejar para el final lo más conflictivo: la cuestión marítima. El mandato de Bachelet concluyó sin acuerdos. En su gestión, el presidente Sebastián Piñera (2010-2014), orientado a la Alianza del Pacífico, en los hechos, abandonó las negociaciones con Bolivia. Fue, entre otros, un punto de quiebre que parece haber convencido a Morales que por la vía de negociaciones directas no lograría resultados. Ante esta frustración, y tras observar el éxito relativo de Perú en su demanda contra Chile en La Haya, llevó a su vez el tema a la CIJ.
“Vamos rumbo al mar”, declaró Morales luego de concluir los alegatos iniciales en la CIJ en mayo de 2015. En rigor, el debate en La Haya no versaba sobre si Chile o Bolivia tenían la razón. Las presentaciones apuntaron a convencer a los jueces sobre la competencia o no para que la CIJ asumiese la demanda boliviana. En definitiva, la Corte favoreció a Bolivia y resolvió que la demanda tenía méritos para ser considerada. Así, La Paz obtuvo un logro significativo: llamar la atención, a escala mundial, que existe un diferendo entre ambos países. Algo que Santiago niega.
Es especulativo preguntarse si en algún momento se pudo avanzar más entre ambos países. Lo ocurrido con el gas boliviano es ilustrativo. El presidente Carlos Mesa intentó utilizarlo como una palanca de negociación: “No se puede pensar en la posibilidad de una venta de gas boliviano a Chile si el tema de la soberanía no está resuelto”. Chile optó por otros abastecedores y en vez de integración los dos países terminaron más distanciados. Sea cual sea el fallo de la CIJ tampoco los acercará.
El presidente Piñera, tras asumir el cargo, tiene escaso margen de maniobra frente a Bolivia. Su gestión frente al diferendo con Perú recibió fuertes críticas. Se le enrostró haber torcido el rumbo fijado por su predecesora que propugnaba una postura más dura frente a Lima. Se le imputaron conflictos de intereses comerciales que afectaban al interés nacional. En definitiva, Chile debió ceder a Perú una pequeña porción de su zona económica exclusiva. Una mala cosa en un país donde se suele decir que ningún presidente puede entregar un país más pequeño que el que recibió.
En todo caso, Piñera fue explícito, a lo largo de su reciente campaña presidencial, sobre las reclamaciones bolivianas cuando señaló que Chile: “No tiene problemas ni de mar ni de territorio pendientes (…). Como presidente, no vamos a ceder ni territorio, ni mar ni soberanía chilena”.
La coyuntura regional favorece a Piñera que está en sintonía política con los principales gobernantes sudamericanos. El objetivo primero del grueso de los países son las relaciones económicas y el estímulo a las inversiones. El latinoamericanismo, postulado por los ideales bolivarianos, ha quedado postergado en la mayoría de las capitales de la región. En estas circunstancias, si Bolivia mantiene a la cabeza de su agenda la salida al mar por Chile, cuesta vislumbrar avances en las relaciones entre ambos países en los años venideros.
