Según datos finales del Órgano Electoral Plurinacional, se presentaron 258 iniciativas ciudadanas para la revocatoria de autoridades electas en el actual periodo constitucional. De ese total, 175 iniciativas fueron habilitadas para la recolección de firmas, 66 se rechazaron y hubo 15 desistimientos. Solo un caso, del alcalde Revilla en la ciudad de La Paz, continúa en trámite.
¿Qué mensajes sugieren estas cifras? La impresión inicial es que el mecanismo de revocatoria de mandato, asumido como derecho político en la Constitución Política, goza de buena salud. La segunda es que la ciudadanía expresa su descontento contra diferentes autoridades y representantes electos en el país, en especial a nivel local. Y la tercera es que tal descontento, a reserva de sus causas, se está canalizando por vías institucionales y democráticas. Buena noticia para el ejercicio de gobierno.
Más allá de datos e impresiones, el proceso revocatorio, que acaba de superar su primera fase, está mostrando dos cuestiones relevantes. Una es la pertinencia de que la democracia, en este caso directa, contemple el derecho ciudadano a decidir por votación popular sobre la continuidad o el cese de funciones de autoridades y representantes electos. Este mecanismo, cuya aplicación está sujeta a plazos, requisitos y procedimientos, garantiza la posibilidad de librarse en las urnas del mal gobierno.
La otra cuestión relevante tiene que ver con la evidente tensión entre gobernantes, que por supuesto quieren continuar en el cargo hasta concluir su mandato, y promotores (sean individuos u organizaciones), decididos a revocarlos. Hay fuertes señales al respecto. Varias asociaciones de municipios, por ejemplo, se oponen al revocatorio con la premisa de precautelar la estabilidad de alcaldes y concejales. Del otro lado, activos dirigentes vecinales impulsan iniciativas bajo consigna de cambio.
En medio de las cifras de revocatorias, porcentajes de adhesiones, número de diputados, gobernadores y alcaldes incluidos en el proceso, hay escaso debate sobre un tema de fondo: ¿por qué revocar el mandato de una autoridad electa? Es cierto que la revocatoria puede generar inestabilidad política y parálisis institucional, pero hay evidencia también de problemas de legitimidad, incumplimiento de programas de gobierno, crisis de ingobernabilidad, disputas políticas, corrupción e, incluso, vendettas.
¿La revocatoria de mandato goza de buena salud? No necesariamente. Quizás sí en lo que en este espacio hemos denominado “ímpetu revocatorio”. Pero una cosa es reconocer el derecho y otra encauzar (limitar, más bien) su ejercicio. Dados los antecedentes, se prevé que muy pocas iniciativas lograrán superar el elevado requisito de firmas. La decisión ciudadana sobre la continuidad o no del buen o mal gobierno, entonces, será tomada no en las urnas del revocatorio, sino en las de la siguiente elección.
