Del conjunto de expresiones y representaciones culturales del país, cinco fueron declaradas por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad: el Carnaval de Oruro, en 2001; la cosmovisión de los Kallawayas, en 2003; la Fiesta Mayor de San Ignacio de Moxos, en 2012; el Pujllay y el Ayarichi, como expresiones de la cultura Yampara, en 2014; y los recorridos rituales de la Alasita, en 2017.
Los dos primeros ostentan tal declaración hace ya cerca de 15 años. Sin embargo, a dichas expresiones pareciera pasarles lo mismo que a la ciudad de La Paz, que una vez que obtuvo galardones internacionales como Ciudad Maravilla o como Destino Turístico más importante, éstos se convirtieron en simples objetos de presunción y no de compromiso político, sin que ello alentara el diseño de políticas públicas para la preservación y conservación de los bienes culturales. Por el contrario, las acciones políticas al respecto parecen exiguas, poco conocidas públicamente o simplemente improvisadas; y tal parece que generan una especie de espejismo en medio de un desierto polvoriento.
Es decir, el reconocimiento de bienes culturales de nuestro país como patrimonio de la humanidad pareciera valer por sí mismo y no cabría nada más que hacer. El caso del Carnaval de Oruro, que fue la primera expresión de cultura viva en ostentar una proclama internacional como patrimonio oral de la humanidad, lo evidencia, pues parece no haber sido complementada por una política de preservación y protección de la obra; tanto así que en la entrada folklórica de este año se suscitaron trágicos hechos que, más allá de no haber sido aclarados, desvelan que las condiciones alrededor de la festividad no han cambiado, a pesar de su proyección internacional. Porque quienes lograron sobrevivir a la fatalidad inculparon, en su momento, al Alcalde de la ciudad por reubicar a los comerciantes, aun cuando ese problema ya venía creciendo en dimensiones incontenibles, agravadas por el hacinamiento, la disputa por el espacio y la falta de empleo formal.
La caída de un puente peatonal en la entrada de 2014, las constantes acusaciones al Ministerio de Culturas por no apoyar debidamente la promoción del Carnaval, o la imposibilidad de encontrar en las acciones de las autoridades un intento por romper con el turismo de ocasión y hacer sostenible la economía de la ciudad representan también la evidencia de un descuido en términos de política pública. Por tanto, las autoridades deberían hacer menos gala de un reconocimiento que comprometerse políticamente a convertir una legitimación internacional en la base de la constitución de una verdadera industria sin chimeneas.
Es el caso también de la Alasita, la que pese a ser proclamada patrimonio meses antes de su celebración resultó nuevamente invadida por miniatura industrial no boliviana que hace mucho viene mermando la actividad artesanal local. Pero el logro hizo posible un grandioso esfuerzo de las autoridades municipales para adornar el campo ferial con señalizaciones, en las mismas condiciones paupérrimas. Como paupérrimas son las condiciones de las calles y avenidas de la ciudad maravilla, con sus aceras de cartón.
Por tanto, más allá de que a algunos les parezcan los nombramientos de la Unesco la evidencia de un paternalismo o colonialismo cultural continuo, en un mundo globalizado principalmente por la actividad turística dichos reconocimientos deberían ser más bien apropiados políticamente para convertirlos en fuente de alimentación y de democratización del acceso a los recursos, ya que la ausencia de ello reproduce aquella vieja forma de vender la imagen de pobreza y presumirla, cual señorío solía hacer con los marginados.
