El vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho presidió la comisión que en Sucre entregó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso para la anulación de la sentencia que habilitó al presidente Evo Morales a terciar en las elecciones de 2019. Otro recurso con similar demanda fue presentada a mediados de febrero.
Camacho estuvo acompañado por el presidente de los comités cívicos provinciales, Luis Alberto Añez; la presidenta cívica María Elba Roca; el representante de los 5 pueblos indígenas del oriente, Antonio Viana Chuvé; y el representante de la plataforma SOS Bolivia, Eduardo Gutiérrez. Todos se acercaron a oficinas del TCP para entregar el recurso.
“Se está presentando un recurso directo de nulidad para anular una sentencia que carece de cualquier elemento y tiene una serie de vicios”, explicó escuetamente el dirigente del Comité Cívico que presidió el 21 de febrero un paro regional en demanda de respeto al referéndum de febrero de 2016 en el que ganó en No a la repostulación.
No entró en detalles sobre los “vicios procesales” que identificaron en la sentencia que dio vía libre a las actuales autoridades para terciar en las justas de 2019. Esa sentencia estuvo apoyada, principalmente en un articulado de la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza el derecho a elegir y ser elegido.
El 15 de febrero, el abogado constitucional Carlos Alarcón y representantes de colectivos ciudadanos también presentaron un recurso que exige anular la sentencia constitucional 0084/2017 por fraude procesal. Basan ese recurso en el hecho de que un fallo a favor del político Samuel Doria Medina se justifica, entre otros, en la sentencia de repostulación cuando no había sido dictada.
Camacho consideró que la sentencia debe ser anulada y aseguró que los electos miembros del control constitucional tienen una oportunidad para restablecer el estado derecho.
Cívicos, colectivos ciudadanos y opositores articulan protestas en defensa del resultado del referéndum que rechazó la repostulación, pero que luego fue habilitada por una sentencia constitucional. Las bases sociales del Gobierno, por otro lado, defienden el derecho de Morales de postular.
Hay demandas también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde el control constitucional se aclaró que ninguna sentencia puede ser anulada.
