El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, denunció que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Edwin Aguayo Arando encubrió y desistió cuando ejercía la presidencia del Colegio de Abogados de Potosí en un proceso instaurado contra dos personas que trataron de inscribirse a la entidad colegiada con títulos académicos falsos.
“La UMSA exige la renuncia del magistrado Edwin Aguayo al cargo que inmerecidamente ejerce en el Tribunal Supremo de Justicia”, demandó en un pronunciamiento hecho público este lunes y tomando en cuenta que la casa superior de estudios fue perjudicada por el proceso judicial desistido por, según sostiene, presiones políticas.
El hecho ocurrió en 2015. Neyda Leny P. T. y Jhuri Pabel F. R. se acercaron al Colegio de Abogados de Potosí para registrarse con títulos supuestamente obtenidos en la UMSA y la entonces presidenta del ente colegiado Wilma Blazz descubrió, tras una verificación, que los documentos académicos eran falsos e inició un proceso legal.
“Sin embargo, cuando cambia la directiva del Colegio de Abogados, esta vez presidida por Edwin Aguayo Aranda (actual magistrados del TSJ) e integrada por otros colegas, entre ellos Marco Antonio Borda Belzu (hermano del diputado del MAS Víctor Borda) hacen exactamente lo contrario de las acciones de la directiva anterior”, denunció.
Aguayo Arando fue elegido en las elecciones judiciales de diciembre de 2017 luego de pasar las diferentes etapas de preselección y selección legislativa. En la hoja de vida publicada en la página web del TSJ no figura su gestión en el Colegio de Abogados.
Según Albarracín, se llegó a “encubrir a los falsificadores al extremo de llegar a firmar un desistimiento de la acción penal el 2 de mayo de 2016, todo para favorecer a los falsificadores generando perjuicio a la UMSA que oportunamente debió ser advertida de estos hechos”.
En el desistimiento se cita como base legal del “acuerdo de transacción”, reconocido en la ley 348, pero que según Albarracín nada tiene que ver con esos delitos porque es de lucha contra la violencia a la mujer.
“Lo más grave, los falsificadores a través de un memorial dirigido a la Fiscalía, afirman haber resarcido los daños a la parte querellante, ello quiere decir que los miembros del Colegio de Abogados recibieron dinero para desistir del juicio penal, o sea, primero se querellaron y luego fueron comprados por la parte contraria”, insistió el rector.
Hasta la publicación de esta nota (14.00) el magistrado Aguayo aún no se había pronunciado oficialmente sobre esta acusación. (02/04/2018)
