La familia del expresidente de facto Luis García Meza (1980-1981) es investigada por el Ministerio Público por la legitimación de ganancias ilícitas cuya cifra alcanza a $us 4 millones, recordó este lunes el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, quien aseveró que de ninguna manera el daño económico al Estado puede quedar impune.
«Conocimos de un movimiento económico por 4 millones de dólares en posibles empresas; sabemos que tienen 27 bienes inmuebles, 4 empresas inscritas en Fundempresa (fundación que opera el Registro de Comercio de Bolivia) y 21 depósitos en cuentas nacionales e internacionales; estos hechos tienen que seguir siendo investigados», alertó.
Jiménez explicó que los familiares enfrentan ante la Fiscalía un proceso que el Ministerio de Justicia denunció en 2015 y que hasta la fecha -complementó- los allegados pudieron evadir la investigación por medio de la presentación de incidentes; siendo incluso dificultosa su notificación que se la tuvo que hacer recurriendo a edictos.
«De ninguna manera el Estado puede permitir que el daño económico pueda quedar en la impunidad», sostuvo el Viceministro.
La declaración de la autoridad surgió un día después que se conozca la muerte del dictador en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) en La Paz por «choque séptico de tipo pulmonar» y «neumonía intrahospitalaria» ante cuatro paros respiratorios y una «falla orgánica múltiple».
Jiménez recordó que durante el gobierno de facto de García Meza se denunció hechos de corrupción como el proceso denominado La Gaiba (explotación ilegal de piedras preciosas y posterior venta al Brasil); el cobro de un cheque por más de $us 278.000; la comercialización de vidrios rayban de la piscina olímpica de Alto Obrajes (La Paz); equipos petroleros y otros.
García Meza fue sometido a un Juicio de Responsabilidades ante la Corte Suprema de Justicia y condenado en 1993 a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. Murió a la edad de 88 años. (30/04/2018)
