La ocupación por parte de unas 1.500 personas de un cuartel cercano a Asunción ha causado un debate en Paraguay que va más allá del problema de la vivienda, al ser rechazada por quienes la ven como la profanación de un predio donde hay enterrados combatientes de la Guerra del Chaco.
Los ocupantes accedieron al Cuartel de La Victoria, a unos 20 kilómetros de Asunción, el pasado 23 de marzo, ante la falta de respuestas de las autoridades a sus peticiones de vivienda, dijo hoy a Efe el presidente de la Coordinadora por la Vivienda Digna, Guido Cabral.
Desde entonces viven en carpas en ese lugar, en el departamento Central, donde aseguran que levantarán «un asentamiento modelo» al que ya han denominado «Patria Nueva».
«Nuestra idea es construir asentamientos colectivos, con una mirada colectiva, guardería, escuela y biblioteca con valores diferentes, con un centro comunitario para ver películas y que este asentamiento sea un modelo para el futuro», explicó Cabral.
Sin embargo, esa presencia ha provocado el rechazo de autoridades y de excombatientes de la Guerra del Chaco, que entre 1932 y 1935 enfrentó a Paraguay y a Bolivia.
Así, cientos de personas se reunieron el domingo en el cuartel en un acto musical en el que expresaron su rechazo a esa ocupación debido al alto contenido simbólico e histórico del complejo.
En el mismo sentido se manifestó hoy el candidato a la Presidencia por el gobernante Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, quien calificó la ocupación de «lamentable» y de «atropello».
«Puede haber reclamos justos, pero esto hay que hacerlo a través del diálogo y no del atropello, y menos en un lugar que tiene tanta historia y toca la sensibilidad de gran parte de nuestro pueblo», dijo el candidato a los periodistas.
Por su parte, Efraín Alegre, candidato a la Presidencia por la opositora alianza Ganar, dijo hoy que la ocupación representa el problema de «un Gobierno que ha sido incapaz de atender la gran demanda de vivienda social de la población».
Sus socios de Ganar, la formación de izquierda Frente Guasu, enfocaron hoy el problema desde la «grave crisis habitacional que afecta al departamento Central», el más poblado del país, según un comunicado.
En otro orden, el presidente de la Coordinadora por la Vivienda Digna agregó a Efe que «están abiertos» a mudarse a otras tierras que se les ofrezcan, siempre que tengan una extensión de 40 hectáreas y no obliguen a separar a esas 1.500 personas.
Añadió que bien su intención es seguir en ese terreno público, tampoco se oponen a tierras privadas siempre que las puedan pagar «a un precio justo y no a precio de mercado», con «plazos de pago de 30 años» para las familias. (02/04/2018)
