Las obras de envergadura serán fraccionadas para que las empresas constructoras bolivianas puedan participar de licitaciones y hacerse de los trabajos como resultado de la aprobación de un decreto supremo aprobado este miércoles y que también libera las garantías de aquellas firmas que cumplan con el avance de obras en plazos acordados.
La ministra de Planificación, Mariana Prado, informó de la norma aprobada y que materializa un acuerdo con la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) para incentivar el fraccionamiento de grandes obras como construcción de carreteras, de tal manera que las firmas nacionales con poco capital puedan adjudicarse ese tipo de trabajos.
“Estamos impulsando a que las entidades empiecen a licitar en tramos. Por ejemplo la Administradora Boliviana de Carreteras, en vez de que licite una carretera de 150 kilómetros donde solo puedan acceder empresas extranjeras, pueda hacer lotes más pequeños para así puedan acceder nuestras empresas constructoras nacionales”, destacó.
En febrero, el Gobierno y los empresarios acordaron una serie de medidas para apuntalar el papel dinamizador del sector de la construcción facilitando su participación en los proyectos de gran envergadura. En esa oportunidad se fijó la meta de que el sector llegue a un promedio de crecimiento de 7% y genere más empleo.
También fue pactada la devolución a la empresa del 70% de la garantía de cumplimiento de contrato cuando se haya constatado un avance de obras en ese mismo porcentaje, pero respetando los tiempos de ejecución. Ahora Prado informó que se liberará garantías para los “buenos ejecutores” de obras.
Dentro de los acuerdos de febrero también estaba que el subir de 25% a 40% la obligación de que las empresas externas adjudicatarias de grandes obras subcontraten a empresas nacionales.
Prado explicó que la medida es parte de una serie de iniciativas orientadas a fortalecer al empresariado y anunció trabajar con el sector privado, aunque no dio mayores detalles.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su rechazo al incremento salarial de 5,5% al básico y de 3% al mínimo nacional por su efecto en la economía y el empleo formar, pero también cuestionó al ley de Empresas Sociales que permite el paso de empresas a manos de los trabajadores cuando están en quiebra.
