Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tuvo que renunciar a la presidencia de Perú en medio de una severa crisis de representación, en la que se está cuestionando la legitimidad de toda la dirigencia política. No se trata de un accidente coyuntural, sino de un síntoma de un desarreglo mayor en el esquema de gobernabilidad que se estableció después de la abrupta salida de Alberto Fujimori en 2000.
Sería fácil atribuir la caída de Kuczynski únicamente al impacto del escándalo Odebrecht, en el que están involucrados casi todas las fuerzas y líderes políticos que gobernaron Perú desde el 2000. Empero, la corrupción parece haber sido el instrumento para resolver la aguda lucha de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento dominado por el fujimorismo. Al final, PPK, acusado de negocios turbios, fue acorralado por políticos también sospechosos de recibir dineros de los brasileños.
No es, por tanto, extraño que muchos sectores del vecino país demanden que “se vayan todos”.
Quizás por esas razones, la crisis no ha provocado grandes movilizaciones callejeras, sino más bien hartazgo, indiferencia y rechazo a la política. De ahí la inconveniencia de optar por otras salidas, por ejemplo, convocando a nuevas elecciones, pues sus resultados podrían aumentar la incertidumbre considerando la debilidad de los partidos y la imprevisibilidad social. No queda, pues, que esperar que el nuevo presidente, Martín Vizcarra, ordene un poco el escenario, sin muchos partidos o fuerzas sociales que le respalden.
El fondo de la crisis tiene que ver con el debilitamiento de los pilares que permitieron la estabilidad política y que viabilizaron la aplicación de un modelo económico liberal que tuvo éxitos. Esa gobernabilidad se construyó a partir de un campo político que había sido profundamente transformado por Fujimori: sociedad despolitizada, sistema de partidos fragmentado y élites muy cohesionadas en torno al proyecto económico neoliberal. Los gobiernos podían pasar, pero el modelo siempre sería el mismo. Electoralmente, esto implicó en los últimos años una alianza fáctica entre los votantes de las clases acomodadas y medias limeñas, representadas por volátiles fuerzas derechistas, y el populismo fujimorista fuerte en los conos populares de Lima y en zonas de provincia.
La estabilidad de este esquema no era fácil. Podía ser muy sólido para marginar a la izquierda considerada como populista, en el mejor de los casos, y como subversiva en el peor, pero esa coalición de derechas tenía que lidiar con una gran división en su propio seno debido a que las élites tecnocráticas despreciaban la informalidad y las maneras plebeyas de los herederos del ingeniero.
El problema para esas dirigencias era como gobernar hegemónicamente con el apoyo del fujimorismo, pero negándole al mismo tiempo el acceso directo al poder.
La respuesta a ese dilema fue creativa, pero perversa. En las dos últimas elecciones presidenciales se buscó articular coaliciones antifujimoristas, en la segunda vuelta, basadas en valores antiautoritarios, para luego dejarlas de lado y gobernar desde la derecha en una alianza de tecnócratas y empresarios, obligando, al mismo tiempo, al fujimorismo a mantenerse neutralizado para contrarrestar el supuesto peligro de una deriva izquierdista.
De esa manera, el expresidente Ollanta Humala y PPK fueron electos por heteróclitas mayorías coyunturales de izquierdas y centroderechas modernas que solo coincidían en su rechazo al fujimorismo, y luego administraron el modelo.
Tal esquema podía garantizar estabilidad mientras el fujimorismo aceptase ese trato, lo cual ya no fue posible cuando Keiko Fujimori perdió la presidencia en 2016 por unos pocos miles de votos pese a haber logrado una gran mayoría en el Parlamento en la primera vuelta, y en la medida que los electores de izquierda siguieran permitiendo ser usados para que otros lleguen al poder y se aplique un programa que no era el suyo. Es un juego en el que las frustraciones se acumulan, en el que el voto va perdiendo su sentido y en el que aumenta la distancia entre el ciudadano y sus dirigentes.
La feroz lucha de poderes que protagonizaron los fujimoristas en estos años, reforzada por la impericia política de PPK, y la radicalización del conflicto social que algunas izquierdas están fomentando son productos de esos desarreglos.
El mecanismo de estabilización social e institucional que permitió la gobernabilidad tecnocrática parece agotado. El reto es rearticular un campo político fragmentado entre un clivaje de izquierdas y derechas, que va creciendo en importancia, ahora que el modelo económico parece incapaz de replicar sus pasados éxitos, y las profundas divisiones ideológicas y de clase que aún genera el fujimorismo en grandes segmentos sociales. La estabilización no será fácil.
- Armando Ortuño es investigador social
