Los abogados del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro Carlos Sánchez Berzaín, además de los defensores de las víctimas de la masacre de Octubre de 2003, aún no dan por cerrado el caso tras el veredicto condenatorio del martes. Y es que hay instancias de apelación que deben ser superadas e incluso el caso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, explicó el abogado de las víctimas Rogelio Mayta.
Esa situación hace prever que la efectivización del pago del resarcimiento definido en el juicio, de $us 10 millones, tampoco llegará en lo inmediato. “Esperamos que un día llegue ese dinero, no será en los próximos días o meses ni nada, será cuando se acaben los recursos legales que pueda plantear la defensa (de los ahora sentenciados)”, precisó el jurista.
Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Sánchez Berzaín fueron hallados responsables de los hechos de octubre de 2003 por un tribunal ciudadano de la corte de Fort Lauderdale de Florida en un juicio civil que fue planteado el 2007. El 5 de marzo comenzó el juicio oral y este martes se dictó la sentencia, aunque fue observada por la parte acusada.
Los juristas Stephen Raber y Ana Reyes, del consorcio de abogados Williams & Connolly LLP que defiende a las exautoridades bolivianas, comunicaron que no están de acuerdo con el veredicto y, es más, expresaron su confianza en su revocación por considerar que la ley no fue aplicada correctamente en este inédito caso de juicio a un expresidente.
Thomas Becker, parte del equipo de defensa de las víctimas de octubre, explicó en una entrevista con la red PAT que trabajan en los argumentos que expondrán ante el juez James I. Cohn para mantener invariable el fallo. El juez fijó un plazo hasta el 4 de mayo para que las partes hagan llegar sus posiciones respecto a “inconsistencias” denunciadas por la defensa de los acusados.
Para Mayta, era previsible la actitud de los juristas y recordó que,tras la sentencia, advirtieron que «esto no acaba aquí”. “Ya lo anunciaron ayer que lo van a hacer, van a presentar apelaciones y pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos”, insistió en una entrevista en la red Uno.
El proceso denominado Mamani y otros vs Sanchez de Lozada y Sánchez Berzaín fue impulsado por un grupo de familiares de las víctimas de octubre de 2003 cuando las Fuerzas Armadas fueron sacadas a las calles para reprimir una revuelta social que acabó con más de 60 muertos por herida de bala y más de 400 heridos.
Sánchez de Lozada dimitió y huyó al país del norte, donde permanece hasta ahora. También tiene en su contra un juicio de responsabilidades en Bolivia y un pedido de extradición que no prospera en Washington.
Mayta explicó que por el momento no se evaluó nada respecto al resarcimiento definido por la Justicia y que se lo hará en su momento.
“Nos alegraría mucho que pueda llegar algún beneficio a las víctimas, estamos seguros que les ayudaría mucho y de alguna manera podría compensar todo el sufrimiento cuando sucedieron los hechos y a lo largo de todo este tiempo que han buscado justicia”, dijo. (04/04/2018)
