El destino del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se ensombreció el miércoles cuando 5 de los 11 jueces de la corte suprema votaron a favor de que sea arrestado para cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción, a solo seis meses para las elecciones que lo tienen como favorito.
Tras cerca de siete horas de deliberaciones, solo falta un voto para rechazar el pedido de la defensa del exmandatario de que le permitan apelar en libertad ante las cortes superiores, lo que lo dejaría expuesto a ser detenido en breve.
La sesión sin embargo podría ser suspendida si alguno de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) lo demanda. Además, todos los magistrados pueden cambiar de opinión antes del cierre formal de la sesión.
«Vamos a seguir esto hasta el final. No desistimos, Por Lula y por millones de brasileños», escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.
El exmandatario (2003-2010) fue condenado en enero por un tribunal de apelación a doce años y un mes de cárcel por haber recibido un apartamento de lujo de una constructora involucrada en la red de sobornos de Petrobras.
El voto que sembró desazón entre sus seguidores fue de la juez Rosa Weber, que se consideraba dudoso. En su alegato, afirmó que «la ejecución de la condena del tribunal de apelación (…) no compromete el principio constitucional de la presunción de inocencia».
Bocinazos y lágrimas
En las afueras del tribunal en Brasilia, los detractores del exmandatario reaccionaron con festejos, mientras sus partidarios recibieron la noticia abatidos o llorando.
En la sede del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo, desde donde Lula sigue el juicio en una sala privada, los militantes del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) mostraban nerviosismo.
«Es una farsa, un golpe muy grande, no acepto a Lula fuera de las elecciones, no acepto un inocente en la cárcel de ninguna manera», dijo Maria Lucia Minoto Silva, una profesora de historia de 60 años.
El debate se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad ante una creciente polarización política en Brasil.
«Atrapar a los chicos pobres»
«El sistema penal está hecho para atrapar a los chicos pobres y no consigue atrapar a los que desvían millones por corrupción. No conseguimos atraparlos y no lo conseguiremos si cambiamos [las reglas] hoy», había afirmado poco antes el juez Luis Barroso, quien también rechazó el recurso para que Lula evite ir a prisión.
Fachin, relator de la Operación Lava Jato, que dejó al descubierto una red de corrupción entre empresarios y políticos, recomendó mantener la legislación vigente, señalando que Brasil es a menudo señalado en tribunales internacionales por la extensión de sus procesos hasta que estos caen en los plazos de prescripción.
Su colega Gilmar Mendes aportó el voto en favor del recurso (un «habeas corpus»), argumentando que la posibilidad de detener a un acusado se había convertido en un dictado de «prisiones automáticas».
Aunque Lula consiguiera evitar la prisión, su candidatura está en jaque porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia.
Tensiones
La corte en Brasilia trabaja aislada del público. En el exterior, la policía montó un vallado para separar a los manifestantes de ambos bandos.
La tensión que precedió al juicio tuvo su momento más álgido el martes, cuando el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró en su cuenta de Twiter que compartía «el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia».
La polarización en Brasil dejó paso a la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la izquierda fue atacada con armas de fuego.
La primera economía latinoamericana recorre una crisis política que ya lleva más de tres años, en medio del bombardeo de acusaciones de la corrupción desvendada por Lava Jato contra figuras de prácticamente todos los partidos.
En 2016, Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, fue destituida por el Congreso, acusada de manipulación de las cuentas públicas.
El ambiente político provocó una depreciación del real frente al dólar en las últimas semanas.
El que fuera el presidente más popular de la historia reciente de Brasil se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia. (04/04/2018)
