El martes, por sexto año consecutivo, el Gobierno aprobó un decreto de amnistía e indulto parcial y total en favor de personas privadas de libertad en todos los penales del país. Según se anunció, se espera que éste sea el indulto que beneficie a más personas y logre reducir hasta en un 15% la población carcelaria del país, que hace muchos años vive en condiciones de hacinamiento.
Fue el Presidente del Estado quien anunció que estaba enviando a la Asamblea Legislativa un decreto presidencial que dispone la concesión de indulto parcial, total y amnistía a quienes cumplan una serie de requisitos especificados en la norma; se estima que al menos 2.735 personas podrán acceder a alguno de esos beneficios.
Según se explica en el articulado del decreto, la amnistía es para los internos con detención preventiva o que cuentan con medidas sustitutivas. El indulto se aplica a quienes ya cumplen una sentencia; será parcial cuando implique una reducción de la pena y total cuando implique la liberación del detenido.
De los seis indultos dispuestos desde 2012, el de mayor alcance hasta ahora había sido el de 2013, cuando 1.733 personas fueron beneficiadas. El de menor impacto cuantitativo fue el de 2012, con 234 personas indultadas, seguido del de 2016, cuando el beneficio alcanzó a 468 reos. Según señala la norma, hasta noviembre de 2017 la población penitenciaria del país era de 17.946 reclusos, de ellos solo el 30% tenía sentencia, y el resto estaba detenido de manera preventiva.
Precisamente por estos datos, que en absoluto son novedosos, una diputada de oposición se pronunció restando mérito a la iniciativa, pues en su criterio “este decreto de indulto no es suficiente”, para solucionar “el problema del hacinamiento”. Con todo, no le falta razón al señalar que el verdadero problema no está tanto en el régimen penitenciario boliviano cuanto en el sistema de justicia, que produce grandes cantidades de detenidos preventivos y es incapaz de juzgar apropiada y oportunamente a los presuntos delincuentes.
Tal vez por estas consideraciones, que tampoco son nuevas en el debate respecto del sistema de justicia, el Presidente pidió explícitamente la colaboración de las autoridades del Órgano Judicial y puso en manos de los ministerios de Gobierno y de Justicia, además de la Defensoría del Pueblo, la tarea de hacer el seguimiento a la aplicación del decreto.
Se trata, pues, de un nuevo intento de disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país, el cual es apenas uno de los problemas que confluyen en el sistema penal boliviano. Toca, entonces, acompañar el esfuerzo por liberar a quienes no deben estar tras las rejas con una nueva administración de justicia, tarea que ha sido acordada, diseñada y consensuada en la Cumbre de Justicia, cuyos resultados hasta ahora no son visibles.
