La ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, aguarda al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción, para su entrega en la Superintendencia de la Policía Federal, donde por el momento no hay ningún dispositivo especial de seguridad.
Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y pretende aún presentarse a las elecciones del próximo octubre, tiene hasta las 17.00 hora local (16.00 de Bolivia) de este viernes para entregarse a las autoridades después de que el juez federal Sergio Moro decretase su entrada en prisión.
A las puertas de la sede de la Policía Federal de Paraná, situada en el barrio Santa Cándida, en la zona norte de Curitiba, tan solo había a primera hora de la mañana un grupo de medios de comunicación, nacionales e internacionales, y varias personas que ingresan en el local para realizar diversos trámites burocráticos.
Hasta ahora no hay presencia de simpatizantes ni en contra ni a favor de Lula en los alrededores de la sede de la Policía Federal.
Las autoridades han reservado para el exmandatario una sala especial de 15 metros cuadrados, en el cuarto piso de la sede, y aislada de otros detenidos por motivos de seguridad, según determinó el magistrado en su auto.
El juez Moro, encargado de las investigaciones del caso de corrupción en Petrobras, por el que fue condenado Lula, determinó además que los detalles de la entrega sean acordados por la defensa de Lula y los responsables de la Policía Federal en Curitiba y que en ningún caso se utilicen esposas para detenerlo.
El ex jefe de Estado se encuentra a unos 400 kilómetros de Curitiba, en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos, en la región metropolitana de Sao Paulo, donde pasó la noche arropado por sus abogados, dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y simpatizantes que realizaron una vigilia para apoyar a su líder.
Lula fue condenado en julio del año pasado por el juez Moro a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en una causa relacionada con el escándalo destapado en Petrobras.
Moro dio por comprobado que el expresidente se benefició de las corruptelas en la petrolera mediante la cesión de un lujoso apartamento en el litoral paulista por parte de la constructora OAS, unas de las implicadas en la vasta trama.
Esa pena fue ratificada y ampliada hasta los 12 años y 1 mes por un tribunal de apelación que determinó además la ejecución de la condena una vez agotados los recursos en segunda instancia, en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La defensa de Lula intentó mediante recursos de habeas corpus preventivos evitar su temprano encarcelamiento, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia (STJ), como el Tribunal Supremo, negaron esa posibilidad.
La orden de prisión contra Lula, que ya se convirtió en el primer expresidente condenado penalmente por la Justicia y ahora, previsiblemente, será el primero en ser encarcelado, llegó menos de un día después de que el Supremo le negara el habeas corpus con el que pretendía evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.
(06/04/2018)
