«Los militares deben haberse arrepentido de detenerme». Así se refería Luiz Inácio Lula da Silva a su detención durante la dictadura brasileña, cuando era un joven dirigente sindical. Hoy, el político más popular de Brasil se enfrenta de nuevo a la cárcel, pero esta vez por corrupción.
El juez Sergio Moro ordenó su ingreso inmediato en prisión y le concedió un plazo que expira a las 20.00 GMT (16 de Bolivia) de hoy para entregarse.
A sus 72 años, el hombre que marcó la política de Brasil durante casi dos décadas y el dirigente más carismático del país -y el más odiado también-, se enfrenta de nuevo al fantasma de la cárcel tras ser condenado a 12 años por corrupción.
Luiz Inácio, el limpiabotas que se hizo tornero a los 15 años, era en 1980 un joven e influyente sindicalista que lideraba una huelga que paralizó la industria automotriz en la zona metropolitana de Sao Paulo y desafiaba al régimen militar (1964-1985).
«Los militares cometieron la estupidez de detenerme. Fue una motivación más para que la huelga se mantuviera», recordaba años después.
El entonces sindicalista fue detenido el 19 de abril de 1980 «por atentar contra el orden nacional», fue conducido al Departamento de Orden Político Social y pasó 31 días encarcelado.
Cuando en 2014 declaró ante la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), explicó que sabía que le vigilaban por su actividad sindical años antes de su detención.
«Me vigilaban en las salas de cine. En las asambleas sindicales(…) A veces, aparecían disfrazados en el bar del sindicato(…) A veces, para molestar, Marisa Leticia (su segunda esposa, fallecida en 2017) preparaba café y les ofrecía», relató.
En la cárcel, llegó a organizar una asamblea con funcionarios, consiguió una televisión para ver a su equipo favorito, el Corinthians, e incluso mantuvo una semana de huelga de hambre.
«Fui tratado con dignidad», reconoció Lula ante la Comisión, que investigó las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Pero su detención tuvo el efecto contrario al deseado por la dictadura: Le dio aún más notoriedad y le fortaleció.
Poco después, saltó a la política como fundador del Partido de los Trabajadores (PT), junto a políticos e intelectuales de izquierda, y se convirtió en el diputado más votado del país.
Una carrera meteórica que le llevó a pensar en Brasilia, aunque no logró la Presidencia hasta 2002, en su cuarto intento.
Hoy, el expresidente (2003-2010) y líder indiscutible del PT, tiene un pie en la cárcel por un motivo muy diferente: Tiene siete causas abiertas en la Justicia, pero el juez decretó su ingreso en prisión por un apartamento en la playa.
Un apartamento, en el que no ha vivido, que según la fiscalía recibió a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos públicos ligados a Petrobras, la «joya de la corona» de Brasil y el epicentro de una monumental trama de corrupción.
La pesadilla judicial de Lula comenzó cuando el juez Sergio Moro, el «juez estrella anticorrupción», le condenó a 9 años por el caso del apartamento, uno de los procesos que sus allegados y su defensa consideraban menos arriesgados para el expresidente.
Un tribunal de segunda instancia elevó la condena a 12 años, la Corte Suprema rechazó el miércoles un habeas corpus de su defensa, y, en menos de 24 horas, con una celeridad inusual, Moro decretó el jueves su ingreso inmediato en prisión.
En 1980, Lula transformó su paso por la cárcel en una victoria política. Hoy, la orden de ingreso en prisión supone un golpe fulminante a sus aspiraciones de volver a la política activa, pese a liderar todas las encuestas electorales.
(06/05/2018)
