Luiz Inácio Lula da Silva participará este sábado en una misa por su difunta esposa, en el sindicato de las afueras de Sao Paulo donde el expresidente brasileño nació como político y donde permanece atrincherado desde hace dos días mientras negocia su entrega a la policía.
Lula, de 72 años, favorito a las elecciones de octubre, tiene orden de prisión desde el jueves, decretada por el juez Sergio Moro, para empezar a cumplir una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Ciertas versiones afirman que podría entregarse después de la misa que se celebrará a las 09.30 (08.30 hora boliviana) en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo. En Curitiba (sur), la ciudad donde oficia Moro, lo espera una celda de unos 15 metros cuadrados, con baño privado y derecho a dos horas diarias de aire libre.
«Hay conversaciones en la policía con los abogados del expresidente», dijo a la AFP el diputado Carlos Zarattini, del Partido de los Trabajadores (PT), que se halla junto a Lula.
Moro le había ofrecido la posibilidad de presentarse «voluntariamente» en Curitiba antes del viernes a las 17H00, pero el exsindicalista ignoró ese plazo y prefirió permanecer en su búnker sindical, rodeado por miles de personas que le expresan apoyo día y noche.
Así y todo, «no es un prófugo», explica el juzgado de Moro, dado que el plazo no era un ultimátum y que no buscó sustraerse a ninguna operación para detenerlo.
Recursos hasta el final
Sus abogados multiplican hasta último momento las tentativas de evitarle la cárcel, o al menos de que esta sea de corta duración. El viernes, presentaron un nuevo recurso, esta vez ante la corte suprema, alegando que el tribunal de apelación que confirmó y agravó la pena en enero no había examinado las últimas objeciones presentadas al fallo. Horas antes, un tribunal de tercera instancia rechazó una petición similar.
Los defensores de Lula critican la celeridad con que Moro emitió la orden de captura, menos de 20 minutos después de haber recibido luz verde del tribunal de apelación.
Pero el magistrado símbolo de la Operación Lava Jato, que desvendó una gigantesca red de sobornos enquistada en el Estado, con implicaciones de prácticamente todos los partidos, descarta esos cuestionamientos.
«(Lula) fue condenado por lavado de dinero y corrupción. Es preciso ejecutar la sentencia. No veo ninguna razón específica para aplazarla», dijo Moro en una entrevista concedida el viernes a la China Global Television Network (CGTN).
La esposa de Lula, Marisa Letícia, falleció en febrero de 2017. Este sábado habría cumplido 68 años. Su nombre figuraba en la causa que llevó a la condena de Lula, como beneficiario de un apartamento en un balneario ofrecido por una constructora a cambio de facilidades para obtener contratos en Petrobras.
Lula siempre negó esos cargos y al despedir a quien fue su compañera durante cuatro décadas y con quien tuvo tres hijos expresó su deseo de que «los criminales que levantaron ligerezas contra Marisa tengan (un día) la humildad de pedir disculpas».
Apoyos y protestas
El Partido de los Trabajadores (PT), que Lula cofundó en 1980, junto a otros partidos de izquierda, así como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y otras agrupaciones sociales y sindicales organizaron el viernes manifestaciones en unas 50 ciudades y cortaron carreteras en varios estados.
El epicentro de la «resistencia» se halla en Sao Bernardo, donde muchos manifestantes están decididos a defender al hombre que durante su gestión sacó a millones de personas de la pobreza, con los vientos a favor de los precios de las materias primas y la atribución de programas sociales como Bolsa-Familia que se convirtieron en modelos mundiales.
«Me quedaré aquí. No tengo miedo. Mi miedo es que Brasil vuelva para atrás con Lula preso. Yo no era nada y gracias a Lula monté una pequeña empresa. Se lo debo», dijo Sergio de Paula, que tiene un negocio de transportes.
«Estamos aquí para resistir hasta el fin. Lula no será encarcelado y volverá a ser presidente para ayudar al pueblo», afirmó Renata Swiecik, una cajera desempleada de 31 años y madre de cuatro hijos.
En Curitiba, otras campanas sonaban.
Roberto Silva, un profesor de 49 años, se paseaba disfrazado de médico con una nariz de payaso frente a la sede de la Policía federal (PF) donde Lula se hubiera entregado, de haber aceptado los plazos de Moro.
«Estamos aquí para evitar que otro condenado se vea imposibilitado de purgar su pena y salga sin daños una vez más, tomándonos por payasos», afirmó, en referencia a algunos casos famosos de personas que después de arrastrar durante años sus procesos fueron liberados a causa de problemas de salud.
«Lula es un símbolo muy importante de la izquierda. Yo estoy totalmente en contra de esa visión del mundo», dijo a su vez Igor Merchert, un empresario autónomo de 27 años en la capital del estado de Paraná.
