El Plan República y el Manual de uso de la fuerza fueron claves para que el jurado civil de Estados Unidos declare que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín son culpables por la masacre en la “guerra del gas” de 2003.
Ambos documentos, sobre todo el plan (leer el cuadro), establecían “principios de guerra” para el accionar del Ejército en los disturbios civiles. Fueron ejecutados en la crisis de febrero de 2003 y en la masacre de septiembre y octubre de ese año, cuando fallecieron más de 60 personas, argumentan Beth Stephens y Rogelio Mayta, abogados de los familiares de las víctimas.
Desde el 5 de marzo hasta el 3 de abril, la corte civil de Fort Lauderdale (Florida) sentó en el banquillo de los acusados a las exautoridades y la semana pasada se determinó que ambas eran culpables de “ejecuciones extrajudiciales”.
Mando. “Los militares no actuaron solos. Es importante decir que hay una cadena de mando y la cabeza de todo esto, al final de cuentas, es el ministro de Defensa (en este caso Sánchez Berzaín) y el Presidente (Goni)”, explica Mayta.
Ambos, argumentan los juristas, sabían de la aplicación de las normas militares para controlar a los “insurgentes”. Además, habían puesto en la cúpula militar a efectivos de confianza para garantizar la gestión 2002-2005, algo que quedó trunco en octubre de 2003 por la revuelta de la “guerra del gas”, tras el anuncio de la intención de exportar gas por puertos chilenos.
No solo eso, durante el juicio en Fort Lauderdale se leyeron algunas de las órdenes impartidas por las exautoridades, 15 años atrás. En estos documentos estaba reflejado el escenario de convulsión que, según Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, vivía el país con “movimientos guerrilleros” atizando el fuego de la sublevación. Este escenario fue su excusa para la ejecución del Plan y el Manual.
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