En tiempos en que los conflictos limítrofes están a la orden del día en el país, quiero referirme al problema básico que genera estos entuertos: la estructura y división política del territorio nacional. Esta heredad de señores feudales y de la división originaria de pueblos nativos de las américas es tan obsoleta e inapropiada que, como acoté en alguna de mis antiguas columnas en este matutino, no sirve para gestionar un país del siglo XXI.
Viene a mi mente un pasaje anecdótico que viví a finales de los años 90 en la zona del famoso proyecto aurífero Amayapampa-Capacirca en el recóndito y rico norte potosino que pinta de manera clara los problemas que un proyecto emergente debe enfrentar. Ya en ese tiempo había un estudio de factibilidad que garantizaba una exitosa operación minera de 1.500 toneladas por día para explotar una reserva de 700.000 onzas de oro (con la cotización actual del metal precioso, esta reserva debe estar cerca de 1 millón de onzas). Faltaba la aceptación de las comunidades para arrancar el proyecto, había muchas empresas interesadas, y una de ellas logró concretar una gran reunión en la plaza del pueblo con representantes de tres municipios, nueve ayllus, 46 comunidades y 16 cabildos de la zona de influencia del proyecto minero; también estaban representantes del gobierno regional y local, de la iglesia, sindicatos mineros, cooperativas mineras, etc. Después de muchísimas horas de cabildeo inútil por la multiplicidad de intereses y expectativas, la reunión fracasó y el proyecto minero entró en la vorágine de idas y venidas entre originarios, mineros, empresarios, titulares de derechos, etc. Y aún la concreción de este emprendimiento minero continúa sin visos de apertura. No vale la pena entrar en los detalles menudos de esta anécdota, que para un territorio en el que varias veces se registraron cruentas luchas por el control de la riqueza aurífera, con muertes en algunos casos, resultarían reiterativos.
Esto es lo que pasa cuando se quiere consensuar y compartir (como dice el discurso político facilista de estos tiempos) proyectos mineros o de otra índole (v.g. cerro Pahua, Margarita, Mutún, Incahuasi, etc.) para modernizar la gestión, asimilar tecnología o compartir recursos naturales que frecuentemente, y por azares del destino, atraviesan límites arbitrarios que los humanos ponemos a las cosas que nos rodean y que mezquinos intereses corporativos, de grupo, o personales llevan a un camino muchas veces sin retorno y a conductas tipo “perro del hortelano” que no come ni deja comer, como dice la sabiduría popular.
Nuestra división política actual responde a parámetros de la antigua vida rural de los siglos XVIII y XIX, con lógicas de control y gestión ancestrales y/o coloniales, que van a contramano de las lógicas actuales, que presuponen modernidad, tecnología, diversificación, globalización y control ambiental, típicas de la aldea global. Para empeorar las cosas, tenemos en minería una Ley (535 de 28.05.2014) que ignora la iniciativa privada y a veces la ataca, que permite y a veces fomenta la minería informal, que anula derechos mineros objetivos y anula cualquier posibilidad de acceder a inversión sobre la base del proyecto. Esta es la “camisa de fuerza” a la que reiteradamente aludo en mis escritos.
Conozco prospectos muy atractivos, de gran potencial que duermen el sueño de los justos desde el boom exploratorio de los años 90, ahora rodeados de cooperativas, de solicitudes de exploración o de áreas inmovilizadas por el Estado que limitan con la franja de seguridad fronteriza y, en algunos casos pasan, los límites del país. Con tanto “candado”, ¿será posible concretarlos?…
