El denominado caso Mochilas de Oruro ya tiene un proceso que data de 2017, pero, según la denuncia de un grupo de concejales de esa urbe, el caso no avanza e inclusive no hay imputación formal. Por ello la denuncia apunta no solo al alcalde Édgar Bazán, sino a la Fiscalía por una supuesta dilación.
Los querellantes en el caso son el ciudadano Severo Tórrez y el Concejo Municipal de Oruro contra Bazán, “por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes dentro el proceso de adquisición” de mochilas escolares.
Los ediles llegaron el miércoles a La Paz para hacer la denuncia a la prensa y entregar un petitorio de investigación al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que investigue al alcalde Bazán con la “misma vara” que al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por un caso similar. La cartera confirmó el mismo miércoles que también indagará ese caso.
“El Ministerio Público a cargo de los fiscales de materia asignados a la División Anticorrupción y los investigadores no han cumplido sus funciones conforme manda la ley. Habiendo transcurrido más de medio año no se emitió la imputación formal en contra de la autoridad municipal denunciada”, se lee en el documento entregado a la cartera del Estado ayer.
El exhorto entregado a Justicia es firmado por los concejales Denisse Villca, Janet Ledezma, José Rojas, David Choque, Hilaria Sejas y Saúl Aguilar, este último vicepresidente del Concejo.
La licitación es de 2016 y, según la denuncia, está referida a la compra de 40.000 mochilas que la Municipalidad adquirió en una licitación. Pese a que se había definido la compra de producto nacional, el material entregado fue de origen chino.
Otra irregularidad está vinculada con el precio. Cada mochila fue importada a Bs 35 , pero Oruro pagó Bs 80. El concejal Choque puntualizó que el daño económico por cada mochila es de Bs 45 y en conjunto asciende a Bs 1,8 millones.
La concejal Villca apunta a los fiscales del caso. “Son dos fiscales y los que nos preocupa aún más es que hay un informe de tres investigadores que hacen conocer que el alcalde no tendría responsabilidades. A lo que apuntan es a procesarlos a los funcionarios y el Alcalde no tendría ninguna responsabilidad”, señaló la autoridad a La Razón Digital.
- Parte del informe del Ministerio Público.
Este medio había informado que la Gobernación de Oruro respaldaba a la autoridad edil, un extremo que fue descartado.
“Es más obstaculización del Ministerio Público y de los diputados que deberían fiscalizar que funcione. No hablamos del Gobernador porque no tiene competencia”, señaló Villca en relación a una versión periodística que vinculaba al gobierno departamental con este caso.
De todas formas, la concejala advirtió de los vínculos de Bazán con el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). De hecho, en varios actos públicos el burgomaestre destacó la administración del presidente Evo Morales.
Pero no es todo. Los denunciantes tienen fotografías de una supuesta reunión de un senador de ese frente con investigadores de la causa, un acercamiento que consideran sospechoso y que fundamenta sus dudas sobre el avance del proceso. (12/04/2018)
- La supuesta reunión de un legislador del MAS con investigadores del caso.
