Casi al terminar el 3 de abril, familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003 llegaron a la plaza Murillo para expresar, con lágrimas en los ojos, su emoción por el veredicto del jurado de la Corte de Fort Lauderdale (Estados Unidos) que encontró culpables de las muertes y la violencia de aquellos días al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, a quienes se les impuso pagar un resarcimiento de $us 10 millones.
Los periodistas centraron su atención en lo último, el dinero. ¿Qué van a hacer con los $us 10 millones?, ¿los van a distribuir entre todas las víctimas?, ¿solo las ocho familias demandantes se van a distribuir la plata?, preguntaron hasta el cansancio al grupo y a cada familiar. Un colega incluso pensó en voz alta: “Y ahora éstos ¿qué van a hacer con tanta plata? Días después, un periódico tituló algo así como “La próxima batalla de los familiares de las víctimas será distribuirse los 10 millones”.
No recuerdo alguna versión que hable de la masacre, de los 57 muertos (según el dato oficial) y de los más de 400 heridos. De cómo las balas “generosamente” disparadas por militares acabaron o cambiaron la vida de tantas personas en jornadas demenciales en las que Sánchez Berzaín quería demostrar, a punta de metralleta, que podía abastecer de gasolina y gas a la ciudad de La Paz para ganar una guerra donde el otro bando solo tenía bronca y algunas piedras. Ni mención al Presidente rico (en la campaña electoral era común escuchar que había que votar por Goni porque tenía plata y no iba a robar) que huyó en helicóptero, ni de los $us 250.000 que tiempo después se encontró en la ciudad de Santa Cruz en manos de un amigo de su ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, quien admitió que el dinero incautado pertenecía a fondos estatales de una cuenta de gastos reservados destinada a cubrir gastos de seguridad. Y eso no fue todo “del rico que no iba a robar”.
En cada aniversario, durante años, familiares de las víctimas y heridos me recibieron en su casa. Siempre duele tanta miseria, tanta tristeza, tanto recuerdo sobre quienes no hicieron nada para morir temprano. Y esos niños, huérfanos de padre o madre, que entran y salen y que miran con curiosidad lo que haces. Algunos de esos rostros y recuerdos conmovieron en Estados Unidos. Debieron pasar casi 15 años para que le miren de frente a dos de los responsables de tanto dolor.
En el juicio de responsabilidades abierto en Sucre, siete de los involucrados recibieron sentencia. Los otros 10 acusados están prófugos, con residencia en Estados Unidos, España y Perú. Que no estén acusados no significa que muchos otros no sean responsables, que no hubiesen participado en la trama de mantener a sangre y fuego un sistema podrido. Todo esto y más ocultan las preguntas sobre los $us 10 millones inexistentes. Goni y su ministro apelaron de inmediato para no devolver nada. Mucha agua aún debe correr para que se dilucide este asunto.
Y he aquí un apunte sobre las debilidades humanas y el drama. Apenas pasada la masacre de octubre, los familiares de las víctimas se dividieron. Algunos sobrevivientes y heridos dijeron que no querían compartir con las viudas porque ellas ya lo habían perdido todo, mientras que ellos tenían necesidades y exigencias concretas. Algunas viudas con poquísimos heridos se alinearon a otra defensa jurídica. Ahora existen por lo menos cuatro grupos.
