El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) fue creado en 1978 como una entidad coordinadora de las universidades públicas y ejecutora de las determinaciones emanadas de conferencias y congresos, no como un órgano autónomo y superior en jerarquía a las universidades; y mucho menos con competencias para tomar decisiones en su nombre. Los secretarios ejecutivos de la CEUB necesariamente debían ser autoridades en sus respectivas universidades, académicos de prestigio y con reconocidas capacidades técnicas; y eran elegidos en congreso entre delegados titulares por períodos improrrogables y hasta dos gestiones continuas. Muchos de estos principios y normas se fueron vulnerando progresivamente hasta llegar al censurable desbarajuste actual.
De a poco, los congresos se han ido constituyendo en escenarios de obscuros acuerdos y contubernios para favorecer intereses personales, grupales y partidarios; con elecciones cuoteadas de secretarios, sin escatimar para el objetivo prebendas, regalos, farras y otros medios. Las propuestas o planes de trabajo han dejado de ser necesarios. Por todo eso, no sorprende haber llegado a la actual crisis de gobernabilidad y división del sistema de universidades públicas del país, ocasionada por la pugna que se dio entre los que encontraron un resquicio ilegítimo para poder prolongar su mandato, con apoyo de quienes necesitaban resolver problemas presupuestarios con el Gobierno, frente a los que buscaban protagonismo para fortalecer proyectos políticos de cara a las elecciones presidenciales. El vergonzoso enfrentamiento entre el Secretario Ejecutivo del CEUB y el Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) producido en una reciente conferencia, en la que mutuamente se descalificaron, es la expresión del elevado grado de descomposición en el que se encuentra el sistema de la universidad pública.
El CEUB perdió su rol de elaborar propuestas de políticas y proyectos transformadores profundos, y optó por usurpar competencias operativas de universidades impartiendo cursos de posgrado, y pretendiendo administrar la investigación con recursos del IDH de las universidades. De esa manera alentó y avaló una destructiva desregulación y liberalidad extrema de la educación de posgrado. Y hasta ahora no se ha tenido la capacidad para implementar mecanismos fluidos que permitan el reconocimiento de títulos de posgrado obtenidos fuera del país.
Por otro lado, ante la falta de políticas de supervisión y control, se autorizó la apertura de numerosas carreras que no cumplen con requisitos mínimos de funcionamiento ni responden a las necesidades sociales. No se ha medido el impacto de los procesos de evaluación y acreditación; y no se ha logrado el funcionamiento de la Agencia Nacional de Acreditación, prefiriendo acomodarse a la rutina y a la línea marcada por el Ministerio de Educación. Innumerables reuniones nacionales sirvieron de poco por la falta de autoridad y de mecanismos para asegurar el cumplimiento de las determinaciones y normas emergentes de ellas.
A esta atura, el CEUB ha perdido significancia para la sociedad y para el Estado. El Gobierno busca coparlo por la coyuntura política. Y tal como está, no inspira respeto en las universidades del sistema. En las circunstancias actuales, cuando se requiere de un sistema universitario vigoroso y digno, constituirá un escándalo si el Congreso de Universidades se circunscribe a reeditar prácticas que evocan encuentros de “cárteles”, votando por planchas prenegociadas, comprando la “voluntad” de los estudiantes, que son la esperanza de moralidad, y de algunos docentes que banalizan su rol y parecen resignados a convalidar la manipulación de los alumnos, dejando a la universidad pública en el rezago, situación que no merece el pueblo que la mantiene. Para que esto no ocurra, el XIII Congreso debe refundar el CEUB y definir las líneas maestras de la nueva universidad pública.
