Las elecciones generales de 2014 fueron las primeras que se realizaron bajo el amparo de Ley del Régimen Electoral que, entre sus virtudes, garantiza el cumplimiento de algunos principios constitucionales que establecen la conformación de listas de candidaturas para la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) bajo los criterios de paridad y alternancia.
El cumplimiento de la mencionada norma permitió que la segunda ALP del Estado Plurinacional esté constituida paritariamente. El dato, no menor, posteriormente tuvo su correlato en lo que fueron las elecciones subnacionales 2015 y la conformación de las asambleas legislativas departamentales y los concejos municipales del país.
El camino recorrido por varias organizaciones feministas (diversas entre sí) logró lo que, a primera vista, podría parecer solo un número, pero que en los hechos constituye un sólido cimiento que impide cualquier retorno. Producto de ese logro, como sociedad civil nos hemos dedicado los últimos años a reflexionar y debatir en torno a la calidad de esa representación, en clave de la participación política de las asambleístas. Hay bastante por criticar y mucho por escudriñar dentro de las estructuras patriarcales que, se quiera o no, condicionan determinadas formas de participar políticamente desde cargos electos. Y también está todo por democratizar en ellas.
No obstante, a tiempo de exigir a las autoridades mujeres electas una participación política de calidad debemos demandar condiciones mínimas para su ejercicio. Ello está relacionado directamente con batallar contra el acoso y la violencia política que campean en todo nivel de gobierno, afectando la forma en la que ellas ejercen sus cargos y hacen política donde fueron electas para ello.
En ese sentido, el Observatorio de la Paridad Democrática, dependiente del Tribunal Supremo Electoral, a inicios de este mes publicó un informe que constituye una fuente institucional acerca de las denuncias y renuncias por acoso y violencia política registradas ante esta instancia. Estos valiosos datos nacen no solo de la sistematización de estos casos, sino también de la previa decisión política por visibilizarlos y encararlos, posibilitando la aplicación de la normativa vigente mediante un reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política, que cumple ya en vigencia un año.
De cara a las venideras elecciones generales y subnacionales, no solo queda en agenda la compleja labor que implica seguir trabajando, continua y multisectorialmente, contra el acoso y violencia política, sino que está también pendiente la radicalización de la democracia paritaria, indagando los mecanismos que, en el marco de la normativa vigente, permitan que el principio de paridad se traslade también a los poderes ejecutivos.
Concretamente, la ALP tiene aún la tarea de debatir el proyecto de ley sobre binomio paritario que presentaron algunas diputadas de oposición a finales de 2017. Además de ello, está en agenda el gran pendiente de profundizar la democracia interna de las organizaciones políticas, de manera tal que la democracia paritaria alcanzada, en un futuro ideal, se fortalezca y sostenga en ellas. En suma, es tiempo de empezar a pensar cuán listas estamos para los años electorales que vienen y que esos procesos sumen a la construcción de nuestra democracia intercultural y paritaria.
