A expreso pedido del Gobierno que es parte querellante, un juzgado de Cochabamba revisará el viernes en la mañana la medida sustitutiva de detención domiciliaria que le fue conferido al alcalde José María Leyes en el caso Mochilas I. La intención es conseguir la detención preventiva en un penal.
“El viernes 8 a las 08.30 entendemos se nos ha notificado será la audiencia de apelación en la sala tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba donde se resolverá el recurso de apelación a la medida cautelar que se encuentra el alcalde José María Leyes”, señaló el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez.
El alcalde de Cochabamba guarda desde el 21 de abril detención domiciliaria con la prohibición de acudir a la Alcaldía y tomar contacto con funcionarios.
Este lunes comienza la segunda semana con una Cochabamba sin alcalde en medio de denuncias de la fuga de uno de los vinculados con el caso mochilas chinas y amenazas de la dirigencia vecinal.
La Razón, en su versión impresa, informó este lunes sobre la huida de Bolivia del exsecretario Administrativo Financiero de la Alcaldía de Cochabamba Diego M. B. que está involucrado en el proceso de licitación para la compra de mochilas de la gestión 2018 con presunto sobreprecio.
Sobre ese tipo de riesgos y sobre una posible obstaculización en la investigación el Gobierno ha fundamentado su pedido de revocar la detención domiciliaria.
“Hay un gran riesgo de fuga tomándose en cuenta que personeros de alto nivel del municipio ya se fugó del país se sabe que está en los Estados Unidos y otro secretario responsable de contratación del caso Mochilas II ya se fugó”, reclamó Jiménez.
Precisamente sobre Leyes pesa una segunda denuncia con similar fundamento en el denominado caso Mochilas II que se refiere a la compra del mismo material, pero para la gestión 2017.
El Gobierno le sigue el primer proceso contra Leyes por los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con la función pública y uso indebido de influencias. (30/04/2018)
