De un tiempo a esta parte, a pesar de las denuncias —algunas de ellas públicas—, los trabajadores de algunos medios de comunicación continúan a merced de los amedrentamientos, abusos laborales e incluso despidos en el país. Los ejecutivos de ahora, quienes algún día dejarán de serlo, ¿no conocen las leyes?, ¿o simplemente las ignoran? En algunos casos, las autoridades gubernamentales no pueden ponerles freno. Por ejemplo el Ministerio de Trabajo, ante denuncias contra los directivos y dueños de las empresas de comunicación, se ve atado de manos al no poder actuar más allá de los procesos administrativos.
Y es que algunas empresas optan por ignorar las citaciones que hace el Ministerio de Trabajo con el propósito de impulsar una conciliación. Pero los jefes, a través de sus representantes legales, prefieren esperar hasta que llegue una conminatoria. E incluso en algunos casos ni siquiera responden a la conminatoria y prefieren pagar elevadas multas económicas. Las cuales obviamente no son canceladas por los ejecutivos, sino por la empresa. ¿Serán caprichos o será que no están bien asesorados por los responsables legales?
Algunos ejemplos de hechos de esta naturaleza ocurridos en los últimos años son los 23 despidos registrados en la red Uno de Santa Cruz en octubre de 2016 (proceso que aún no se resuelve por las chicanas judiciales presentadas por los dueños de la empresa televisiva), los 10 trabajadores destituidos en el periódico Los Tiempos de Cochabamba (sin solución hasta ahora), y el retiro de 13 empleados de La Razón en septiembre de 2016 (tres de ellos iniciaron un proceso de reincorporación, pero a la fecha solo uno volvió a trabajar; los otros dos están a la espera de una decisión judicial en Sucre).
En todos estos casos los trabajadores tuvieron que acudir al Ministerio de Trabajo y recibieron su apoyo, pero los dueños de las empresas hicieron caso omiso de las órdenes de esa cartera ministerial y decidieron entablar procesos judiciales, los cuales siempre son largos, tediosos y costosos económicamente.
Según las quejas de los trabajadores y dirigentes de la prensa, la Justicia no suele favorecer a los empleados, sino más bien a los empleadores. Un ejemplo de ello es el caso de los dos trabajadores de La Razón despedidos en septiembre de 2016 que ganaron en La Paz un proceso de reincorporación, pero esta decisión fue apelada por la empresa, y el proceso hoy se encuentra en Sucre a la espera de una resolución final.
¿Por qué el Gobierno no puede frenar los abusos en los medios de comunicación? Esa es la pregunta que se hacen los trabajadores de la prensa.
