El juzgado cuarto de instrucción cautelar de El Alto determinó la noche de este viernes la detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para el subteniente de Policía Cristhian C. C., quien es sindicado por la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila.
El estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) falleció el jueves 24 de mayo durante las protestas de esta casa de estudios superiores que pedían mayor presupuesto. Inicialmente, el Gobierno culpó a los manifestantes y tras la publicación de video vigilancia, la versión oficial apuntó a un acto “autónomo” del oficial de la Policía Boliviana.
La audiencia de medidas cautelares se instaló, en reserva, a las 19.45 y concluyó 23.15. Al concluir el acto, Álvaro Elías, abogado que patrocina al uniformado, expresó su discrepancia con el dictamen judicial. Afirmó que se falló a pesar que se han desvirtuado los riesgos procesales.
“Vamos a usar los recursos que nos franquea la ley. La Constitución Política del Estado garantiza la presunción de inocencia, se debe demostrar objetivamente cuáles son los elementos y no se han podido sustentar los elementos que involucran a este ciudadano en la escena de los hechos”, afirmó el jurista en declaraciones a Cadena A.
Previamente, el oficial se abstuvo de declarar en su audiencia informativa la mañana de este viernes. El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Freddy Medinacelli, reveló en la mañana que el hoy acusado inicialmente negó los hechos, pero luego de las imágenes de video y fotografías que lo mostraban cargar una escopeta y disparar contra los estudiantes se limitó a guardar silencio.
El fiscal asignado al caso, César García, informó que hay los suficientes indicios para la imputación por el delito de asesinato. “En función al cuaderno de investigaciones de la etapa preliminar y en los elementos que se cuentan de una manera objetiva, se logró establecer la comisión del delito de asesinato. Por eso pedimos la detención preventiva», argumentó.
El Código Penal boliviano establece una condena de 30 años de cárcel por el delito de asesinato, del que ahora es acusado el subteniente que disparó una canica con su escopeta cuando, junto a otros efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) reprimía la movilización de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, había dicho antes que la canica fue disparada con un petardo desde filas de los movilizados, mientras que poco después la Policía sostuvo que había que centrar la pesquisa en averiguar qué ocurrió en el domicilio al que Quispe entró con vida. Ambas hipótesis quedaron descartadas y Romero pidió ayer disculpas y dijo que los indujeron al error. (01/06/2018)
