Dado que somos un país con un alto nivel de conflictividad, surgen interrogantes de fondo sobre la manera en que se encara este asunto. ¿Existe una instancia de gobierno capaz de emitir una alerta temprana para evitar que los conflictos estallen? ¿Si éstos se desatan, hay un sistema de monitoreo que proponga caminos de solución antes que los conflictos se agudicen? ¿Restaurar el orden público, tarea intrínseca de los organismos policiales, les da a éstos licencia para matar, herir o detener arbitrariamente a las personas? ¿Se aplica el concepto de “meter miedo” a la gente antes que persuadirla o inducirla a comportamientos más racionales y menos agresivos? ¿Cómo entender un proceso que en 12 años no cambia las estructuras policiales diseñadas con otras finalidades y educadas en la sistemática violación de los derechos humanos?
En ese contexto, ¿puede creerse que la trágica muerte del joven estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) sea únicamente el resultado de la actitud individual de un también joven subteniente policial? Aquí solo caben dos explicaciones posibles, a cual más grave: o las autoridades mienten con respecto a la prohibición del uso de armas letales en los operativos, o el personal policial decide utilizarlos por su cuenta, bajo el manto de impunidad que les proporcionan casos anteriores, no investigados y menos sancionados por la Justicia.
Y es que desafortunadamente el caso de Jonathan Quispe no es el primero. Entre varios otros, se puede mencionar el de los jóvenes estudiantes de Caranavi, Fidel Mario Hernany y David Callizaya, caídos hace tres años no propiamente en el desbloqueo de la carretera, sino durante la persecución policial que siguió a continuación. El juicio instaurado por los familiares de ambos estudiantes duerme en los tribunales y seguramente se extinguirá con el tiempo. He ahí el problema: tenemos una Policía que comete excesos, por cuenta propia o por mandato de autoridades políticas, y un sistema judicial incapaz de frenarlos.
Otro caso que conocemos de cerca es el ocurrido el 29 de agosto pasado. La Central Agraria, organización que agrupa a todas las comunidades del sector de Río Abajo (municipio de Mecapaca), convocó a una marcha para exigir a la Gobernación el asfaltado de la carretera troncal. La manifestación fue interceptada en el barrio de Obrajes. El fracaso de un intento de diálogo entre la Policía y los dirigentes agrarios desencadenó una fuerte gasificada que dispersó a los manifestantes. En la huida, algunos de ellos tuvieron la deplorable reacción de arrojar piedras contra un bus PumaKatari, causando algunos destrozos. La Policía, en vez de identificar y detener a esos pocos irresponsables, se dio a la tarea de detener indiscriminadamente a 40 manifestantes, la mayoría muy lejos de donde ocurrieron los incidentes. Y sin ninguna prueba individual contra ellos los entregó al día siguiente a manos de la Fiscalía. Tres días después, el juez cautelar determinó la “detención domiciliaria” contra los 40. Nueve meses más tarde todavía están en esa situación, con varias audiencias suspendidas, perjudicados en sus labores cotidianas y prontuariados como delincuentes. Un agravante de esta caso fue la inclusión entre los detenidos del comunicador popular Agustín Aldo Mamani, a pesar de las diversas pruebas y certificaciones de que realizaba labores periodísticas, y la mayor evidencia contenida en su cámara de video, incautada y retenida por más de dos meses por la propia Policía. La Asociación de Periodistas de La Paz y varios medios de difusión reclamaron por el colega Mamani, lo más que consiguieron fue que se le devuelva su instrumento de trabajo, pero sigue encausado con sus 39 compañeros. Justos pagan por pecadores, así estamos.
