Ahora que el primer semestre del año ha concluido, parece oportuno intentar una sistematización de las opiniones planteadas públicamente sobre el desempeño económico del país hasta estas fechas.
Los analistas y observadores profesionales, con más o menos énfasis, coinciden en la presencia de una serie de desequilibrios macroeconómicos; y con ello, se refieren en particular a los siguientes aspectos: el abultado déficit fiscal, el rezago cambiario, el incremento de la deuda pública interna y externa, y la consiguiente reducción tendencial de las reservas internacionales. También se hace referencia a la distorsión del esquema de precios relativos que ocasionan los subsidios, y a la ausencia flagrante de medidas efectivas para mejorar la competitividad sistémica del país. Se reitera además la preocupación ya clásica en nuestro medio sobre los serios perjuicios que trae consigo el contrabando de productos que forman parte de la canasta familiar, y compiten de manera desleal con sus similares de origen nacional.
Menos frecuentes son las referencias a la burbuja de la construcción inmobiliaria, que podría estar alcanzando su nivel crítico en vista de la ostensible disparidad que ya se manifiesta entre la oferta creciente y la demanda estancada. El tema es relevante, porque la construcción es una de las actividades con mayores encadenamientos en el sistema económico, además de los importantes volúmenes de empleo directo e indirecto que genera. Es cierto que el déficit habitacional es todavía considerable en el país, pero el tipo de construcción que se ha desarrollado en los últimos años no está destinado a resolver ese problema.
Existen, por último, algunas llamadas de atención sobre las incertidumbres que han surgido en el entorno internacional, en particular por la crítica situación en que se encuentran nuestros vecinos de Argentina y Brasil, que son precisamente los principales mercados de exportación de gas natural, siempre que se certifiquen las reservas disponibles por nuestra parte.
Una cuestión que no ha merecido suficiente atención es la que se refiere a las repercusiones que podrían derivarse para nuestra economía de los quebrantos normativos del comercio internacional, así como de las guerras comerciales y cambiarias en pleno desarrollo.
A pesar de los matices identificables, parece evidente la existencia de consenso en sentido de que ya se agotó el auge espontáneo proveniente del superciclo de las materias primas; que el impulso a la demanda interna mediante la inversión pública acarrea consecuencias sobre los déficit fiscal y comercial; además de que en muchos casos no parece que las empresas públicas que se constituyen y las obras que se realizan respondan a las necesidades reveladas de la sociedad, y que convendría, por lo tanto, adoptar ahora varios ajustes en la política económica a fin de evitar situaciones traumáticas más adelante.
Así planteadas las cosas, las conclusiones correspondientes se pueden presentar en los siguientes términos. En primer lugar, es imprescindible reducir el déficit fiscal mediante una revisión a fondo del esquema de prioridades del gasto público, sin que ello signifique una ampliación de las asimetrías entre los diferentes niveles de gobierno, así como entre los distintos ámbitos de las políticas públicas sociales, ambientales y comunicacionales. Segundo, parece urgente blindar el gasto público social, con miras a reforzar los servicios de educación y salud para la población de menores ingresos. Tercero, se requiere mejorar las condiciones de acceso de la pequeña y mediana empresa al financiamiento bancario. Cuarto y último, se necesita una actualización sustantiva de la normativa laboral, a fin de promover de manera equilibrada la protección del trabajo, la generación de empleo decente y la equidad de género.
