Días atrás, la concejala del Gobierno Municipal de Achocalla Mary de la Cruz denunció al alcalde de su municipio, Dámaso Ninaja, por acoso político y violencia física. En respuesta, Ninaja demandó a De la Cruz por difamación, calumnia e injurias. Corresponde al Ministerio Público determinar cuál de los dos tiene la razón, con el riesgo de que no favorezca a la víctima.
En efecto, la concejala denunció al burgomaestre por haberla agredido en numerosas ocasiones desde 2012, cuando ella conducía un programa radial en una emisora propiedad de su padre y él era dirigente en la comunidad de Pucarani. Las agresiones verbales se multiplicaron a partir del momento en que De la Cruz se convirtió en concejala y Ninaja, en alcalde; ella en representación de la agrupación ciudadana Lucha de Unidad Social 1 de Septiembre (LUS-1S) y él por el MAS.
En una entrevista con La Razón, De la Cruz reveló que el Concejo Municipal en el que trabaja no le ha dado la atención que merece. Según ella, porque la mayoría del ente deliberativo pertenece al MAS, especialmente desde que otra concejala, correligionaria suya, decidiera pasarse a las filas del partido en función de gobierno.
Reconoce, por otra parte, que la Asociación de Concejalas de La Paz (Acolapaz) sí la ha apoyado, y que días atrás la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) publicó un pronunciamiento en el que compromete su apoyo jurídico a la denunciante. De acuerdo con la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, las penas a las que se enfrentan los denunciados oscilan entre los tres y cinco años de cárcel para casos de acoso, y de cinco a ocho para las denuncias de violencia, incluyendo agresiones físicas y psicológicas.
En su descargo, el alcalde acusado afirmó que en ningún momento agredió a la concejala y presentó una denuncia contra ella por los delitos de difamación, calumnia e injurias.
El caso que aquí se comenta no es el único, según datos de Acolapaz, solo en el departamento de La Paz las denuncias por acoso político han pasado de seis a 30 en un año, sumando un total de 65 casos a nivel nacional, registrados sobre todo en zonas rurales, según datos avalados por el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, según estimaciones de ONU Mujeres, desde el 2000 se han conocido más de 4.000 casos de acoso político; lo que da cuenta, por una parte, que la presencia política de las mujeres es creciente y relevante y, por otra, que entre los varones es grande la resistencia a su participación.
Urge, pues, hacer más y mejores esfuerzos para transformar de manera definitiva la práctica política en el país, ya que no basta con que más y más mujeres sean electas para cargos públicos mientras sigan siendo víctimas de actitudes amedrentadoras de parte de sus pares varones.
