El presidente Daniel Ortega afirma que devolvió la paz a Nicaragua y derrotó a los «terroristas» que protestan contra su gobierno, pero el futuro del país es incierto: el diálogo con la oposición está estancado, activistas denuncian persecución y muchos jóvenes huyen del país, temerosos de más represión.
Ortega, un exguerrillero de 72 años, puso en marcha la llamada «operación limpieza» para desalojar a los manifestantes de las barricadas y las ciudades bajo su control.
«Se impuso con las balas, no con el consenso», dijo a la AFP el político y exdiplomático Mauricio Díaz. «Un país no se construye así».
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la represión contra las protestas dejan más 300 muertos, cientos de desaparecidos y más de 400 detenidos ilegales desde que comenzaron el 18 de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisó este jueves que son 317 el total de fallecidos.
En los operativos de represión participaron paramilitares fuertemente armados, que Ortega admitió en una entrevista que son «policías voluntarios».
«Hay pruebas explícitas de que esos grupos fueron actores de la producción de la violencia» en Nicaragua, dijo la semana pasada en Washington el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
En medio de su ofensiva, el mandatario acusó de «golpistas» a los obispos que median desde mayo un diálogo entre el gobierno y la oposición, por proponer que se adelantaran a 2019 las elecciones de 2021 como vía de salida a la crisis. Mientras que los empresarios, antes aliados del gobierno, denunciaron la invasión de tierras por paramilitares como represalia por su apoyo a las protestas.
Tiempo de recapacitar
Desafiando las presiones, Ortega descartó anticipar su salida del gobierno que preside desde hace 11 años, tras dos reelecciones sucesivas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró el martes a CNN que «es importante que el presidente Ortega vuelva a retomar esa posibilidad» de adelantar los comicios, porque no conviene «imponerse por la fuerza».
«El esquema represivo genera condiciones que llevan al país a una caída libre, como es el caso de Venezuela», indicó Almagro. Estados Unidos, por su parte, responsabilizo a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por la violencia desatada por «grupos parapoliciales favorables al gobierno» y abogó por elecciones transparentes.
Washington señaló que las medidas aplicadas hasta ahora al gobierno de Nicaragua, como restricciones de visas, son el inicio «de potenciales sanciones».
Para Juan Felipe Celia, director asistente del Centro para América Latina del Atlantic Council, con sede en Washington, la crisis en Nicaragua «no se va a solucionar solo con sanciones de la Casa Blanca».
«La comunidad internacional tiene que llevar a cabo una estrategia concertada» de sanciones y acciones más contundentes, dijo Celia a la AFP. Consideró que para que Ortega acceda a adelantar las elecciones, se necesita «presión popular en las calles, presión económica de parte del sector privado», y que la OEA responsabilice al gobierno por la crisis.
«El problema es que Ortega marca el calendario de su salida en vidas humanas y no en días», advirtió el abogado y disidente sandinista Enrique Sáenz.
Cacería y criminalización
Ahora la oposición encara el reto de mantener vivas las protestas y reanudar el diálogo a pesar de la persecución que enfrenta.
«Han logrado que la gente se disperse», pero «las protestas fuertes van a resurgir» en respuesta a la represión, dijo a la AFP el académico y exdiputado opositor Eliseo Núñez.
Ortega va a tomar represalias económicas contra sus detractores y castigará a todos los opositores con el apoyo del poder judicial, vaticinó Núñez.
Se vislumbra un futuro de «ingobernabilidad, exilio, cárcel y muerte», advirtio.
En esta fase, «la represión empieza a traducirse en un proceso intenso de criminalización de los manifestantes», apuntó Abrao.
Un centenar de opositores han sido acusados por terrorismo y otros delitos, con base en una ley aprobada en julio que castiga hasta con 20 años de prisión «la alteración del orden constitucional», dijo el Cenidh.
Ortega alega que sus opositores son financiados por «organismos de Estados Unidos que desvían fondos para promover el terrorismo».
Ante el agravamiento de la crisis, miles de nicaragüenses han pedido asilo en Costa Rica y otros países, informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)
Diálogo, única salida
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que integra la sociedad civil, propone retomar las negociaciones, estancadas desde junio, para discutir el adelanto de las elecciones, las detenciones arbitrarias y el desarme de paramilitares.
«Estamos apostando por salir de esta crisis de una manera pacífica», dijo a la AFP el líder estudiantil en el diálogo, Jean Carlos López. El presidente también ha dicho que la crisis se solucionará con diálogo, pero con nuevas reglas y el acompañamiento de la ONU para reforzar el trabajo mediador de los obispos.
Ortega también dice estar dispuesto a trabajar con la OEA en reformas electorales de cara a los comicios de 2021.
(02/08/2018)
