Dos empresarios vinculados con el caso de corrupción recientemente destapado en Argentina tenían operaciones en Bolivia, por lo que en el Legislativo, tanto oficialismo como oposición, ya se abren a iniciar una investigación. Ambos empresarios fueron parte de firmas que se adjudicaron obras que al final abandonaron y no terminaron de ejecutar.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda informó que ese caso debiera ser investigado por la comisión formada para indagar las denuncias de sobornos de empresas brasileñas como Odebrecht en Bolivia, aunque no descartó la posibilidad de formar otra comisión paralela.
“Cualquier hecho ilícito tiene que ser investigado y esclarecido más aún cuando hay vínculos supuestamente de corrupción con Bolivia, no descartamos de que pueda hacerlo la misma comisión (que indaga los hechos derivados del caso Lava Jato) o en su caso crear una comisión paralela”, perfiló y anunció que el tema será considerado la próxima semana en reunión de bancada.
Se trata de los empresarios Gerardo Ferreyra y Juan Carlos de Goycoechea de las firmas Electroingeniería, que era matriz de la sociedad Ar.Bol, que operó en Bolivia, y de la española Isolux-Corsán Corviam, respectivamente. La primera se adjudicó la obra Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey por $us 250 millones.
En 2016 fue rescindido el contrato con la firma representada por Ferreyra, quien ahora figura como uno de los detenidos como consecuencia de la trama de corrupción destapado en Argentina por el periódico La Nación y que involucra a empresarios y políticos de la administración de los Kirchner.
La española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, se adjudicó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y del proyecto hidroeléctrico Miguillas que terminó abandonando. Goicoechea también está involucrado en los pagos de sobornos en Argentina y hasta hace pocas horas estaba entre los buscados por la justicia.
Goycoechea se contactó, el 30 de marzo de 2015, por correo electrónico con diversos cargos de Isolux para aconsejar el pago de “un millón de dólares que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho”, reportó el periódico Los Tiempos.
Para la oposición no hay duda de que también deba ampliarse la investigación. El senador Arturo Murillo, que preside una comisión paralela que también investiga las denuncias de sobornos, consideró que debe indagarse los vínculos en la perspectiva de esclarecer y en su caso establecer responsabilidades.
Oscar Centeno, quien fuera chofer del exfuncionario Roberto Baratta, anoto minuciosamente los movimientos de personas que cobraban sobornos y los entregaban a autoridades de Gobierno de la administración de los Kirchner. Está detenido, acusado por el fiscal como parte de una asociación ilícita que se dedicó al pago y cobro de sobornos por una cifra que la justicia estima en más de 160 millones de dólares, según ámbito.com.
El también senador opositor Óscar Ortiz recordó que personeros de la administración Kirchner mantenían una relación fluida con la administración de Evo Morales y que lo descubierto en Argentina muestra que los hechos de corrupción se dan vía el favoritismo en la adjudicación de obras de forma directa.
El diputado y jefe a de bancada del MAS David Ramos coincidió con su colega Borda en sentido de que debe investigarse la denuncia.
Morales expresó su respaldo a la expresidenta Cristina Kirchner.
«La derecha en América Latina, después de su fracaso, intenta mediante persecución judicial, acallar la voz de los pueblos. Nuestro apoyo a la hermana @CFKArgentina que al igual que los hermanos @LulaOficial y @MashiRafael, padecen amedrentamiento por órdenes del imperio», escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.
