El Ministerio de Defensa pasará revista en las entidades públicas con la finalidad de verificar si los funcionarios públicos cuentan con la libreta del servicio militar, un requisito establecido en la Constitución Política del Estado. El propósito de esta acción también apunta a identificar posibles documentos falsificados y a las personas que podrían estar detrás de estos ilícitos.
“Ningún ciudadano boliviano puede ejercer la función pública si no cumplió con sus deberes militares (…). Buscamos el cumplimiento de la ley”, informó a La Razón el director Territorial Militar del Ministerio de Defensa, general Ramiro Mojica.
El artículo 249 de la CPE establece la obligatoriedad del servicio militar. En ese marco, existen cuatro modalidades para el cumplimiento de este requisito. El servicio voluntario, el servicio premilitar, el servicio militar alternativo SAR (que está vinculado con el auxilio y rescate de ciudadanos en caso de emergencias), y el servicio de compensación profesional.
En muchos casos, los ciudadanos optaron por acelerar sus estudios universitarios antes que cumplir con el servicio militar. En otros, simplemente evitaron el cumplimiento de estas obligaciones. De este modo se explican los 917 juicios sobre falsificación de libretas militares. Por ejemplo, el abogado Eduardo León y el diputado Arturo Murillo se vieron implicados en estas denuncias. El control podría destapar muchas más irregularidades que afectan a la institucionalidad del Estado.
