La Fiscalía de Cochabamba inició un proceso por prevaricato o resoluciones contrarias a la ley en contra de la juez Sarah Céspedes por unir en un mismo proceso los denominados casos Mochilas I y II que involucran al alcalde José María Leyes. Además observó que la jueza haya dado detención domiciliaria a los dueños de la empresa vinculada a las denuncias de irregularidades.
El fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera, informó este lunes de la decisión tomada en contra de la operadora de justicia que atiende los casos de denuncias de corrupción en las adjudicaciones para la provisión de mochilas y material escolar a la Alcaldía de Cochabamba para las gestiones 2017 y 2018.
Céspedes rechazó el miércoles pasado la acumulación de los casos I y II, como lo pedía la defensa de Leyes, pero dos días después cambió de posición y de oficio decidió la “acumulación” bajo el argumento de que hay conexión en ambos hechos pese a haberse dado en años distintos y con actores diferentes.
Fue convocada a declarar a las 14.30 de hoy. El domingo el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, también anunció que asumirá acciones legales en contra de la operadora de justicia por la decisión tomada, ya que consideró que no se ajusta a la ley teniendo en cuenta que en cada uno de los casos se incurrieron en delitos por cuerdas separadas.
“Consideramos que es ilegal (la decisión de unir ambos hechos), va a ser impugnada y estamos evaluando tomar otras acciones contra esa operadora de justicia, está apoyando a la estructura del proceso donde está involucrado el alcalde Leyes, está protegiendo a esas personas”, denunció durante una entrevista con el canal estatal.
Leyes está involucrado en ambos hechos y guarda detención domiciliaria. Tiene prohibido tomar contacto con funcionarios de la Alcaldía e ir a sus oficinas, por lo que el Concejo tuvo que elegir a una autoridad interina.
Las denuncias involucran irregularidades en los procesos de adjudicación y sobreprecios que superan los Bs 10 millones. También fue vinculada Claudia Leyes, hermana del alcalde, en lo que Jiménez consideró una red de corrupción que tuvo que ver con varios procesos de adjudicación.
La Asociación Accidental 26 de Febrero fue la proveedora de la mochila y el material escolar a la Alcaldía. Sus dueños, Juan de Dios M, E, y María René R., que resultaron ser esposos, fueron sometidos el sábado a una audiencia cautelar, donde se decidió que guarden detención en su domicilio de Santa Cruz.
Vera anunció que esa decisión será impugnada porque se la dictó pese a los riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la justicia.
“Independientemente de que vamos a apelar, estamos accionando lo que en derecho corresponde…nos llama mucho la atención”, expresó sin dar mayores detalles. (11/06/2018)
