El senador oficialista Milton Barón consideró que la Comisión Mixta Especial que la Asamblea Legislativa Plurinacional instituyó para investigar el caso Odebrecht en el país debe circunscribirse a esa labor y no extender sus funciones a otras denuncias como las que se conocieron la semana pasada en Argentina y que presuntamente vinculan a firmas que operaron en Bolivia.
Legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) como el diputado Víctor Borda y su colega David Ramos abrieron la posibilidad de ampliar las funciones de la Comisión, aunque aún no hay una decisión oficial.
Barón, quien es miembro de esa repartición, precisó que la Asamblea determinó en específico la investigación de la firma Camargo Correa y los presuntos sobornos entregados por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, pero “incluso, deliberando internamente, se prolongó a OAS, a Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao”.
Por tanto, “más allá de eso, en un criterio personal, creo que ya no tenemos competencia para ir en ese sentido, nuestro trabajo tendrá que ajustarse a las resolución que creo y delegó a las funciones a esta comisión para labor investigativa”, sostuvo.
En el denominado Lava Jato argentino que se destapó sobre la base de los cuadernos de anotaciones del chofer de un alto funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner están involucradas dos firmas que operaron en Bolivia.
Uno de los empresarios involucrados en este caso es Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la compañía Electroingeniería, que formó parte del consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia) contratado por el Gobierno de Bolivia en 2010 por $us 257 millones para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey.
El segundo implicado es el empresario Juan Carlos de Goycoechea, expresidente de la filial argentina de Isolux-Corsán Corviam, que ganó el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura por un valor total de $us 534 millones.
En ambos casos, las firmas abandonaron las obras y se ejecutaron las boletas de garantía.
Para la oposición no hay duda de que también deba ampliarse la investigación. El senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo, quien preside una comisión paralela que también investiga las denuncias de sobornos, consideró que debe indagarse los vínculos en la perspectiva de esclarecer y en su caso establecer responsabilidades, aunque aclaro que los recursos no son suficientes para su caso. (07/08/2018)
