De acuerdo con el artículo 92 de la Constitución Política del Estado, las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. Dicha autonomía consiste, entre otras cosas, en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, así como negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.
En el ámbito financiero, las universidades tienen anualmente como fuentes de financiamiento principales: recursos provenientes de la coparticipación tributaria, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de la subvención del Tesoro General de la Nación.
Los recursos de coparticipación tributaria provienen de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), entre otros. Por este concepto, en 2001 las universidades recibían Bs 276 millones, para 2005 subió a Bs 464 millones y para 2017 se llegó a Bs 2.154 millones. En 13 años la coparticipación para las casas superiores de estudio se multiplicó por 4,6 veces.
La segunda fuente de ingresos es el IDH, que corresponde al 32% del valor de la producción hidrocarburífera. Por este concepto, en 2005 las universidades recibieron Bs 57 millones, para 2017 dicha transferencia subió a Bs 363 millones. Es decir, en el periodo descrito el IDH para las casas superiores de estudio se multiplicó por 6,4 veces.
En cuanto a la subvención del Tesoro General de la Nación (TGN), los datos son los siguientes: en 2005 recibían Bs 631 millones, para 2017 esta cifra ascendió a Bs 1.080 millones. Se multiplicó por 1,7 veces.
Para hacer un resumen: en 2005 las universidades en total recibieron Bs 1.152 millones, en tanto que en 2017 percibieron Bs 3.598 millones, más de tres veces de lo que recibían al iniciar el mandato del presidente Evo Morales.
Un indicador que permite ver si estos recursos son o no suficientes para el ejercicio de las competencias de las universidades lo constituyen los saldos en cuentas fiscales. A fines de la gestión 2004, las casas superiores de estudio tenían únicamente Bs 15 millones, para 2010 este saldo subió a Bs 1.011 millones y para fines de mayo de 2018 llegan a Bs 1.822 millones. Naturalmente, dichos saldos varían porque ingresan recursos y también se gastan; sin embargo, se constituyen en una buena aproximación de los “recursos no ejecutados”, por tanto, puede deducirse desde el punto de vista técnico que las universidades “no ejecutan la totalidad de su presupuesto”.
Si bien el Gobierno cumple con lo establecido en la Constitución, en lo que corresponde a la asignación de recursos, son las propias universidades que definen en qué gastarlos, en el marco de su autonomía financiera. Pese a que la asignación de dinero fue creciendo, resulta paradójico lo que las universidades hacen con estos recursos públicos.
Conforme al Presupuesto General del Estado de la gestión 2018, un 60% de sus ingresos son destinados al pago de sueldos y salarios, 35% para bienes y servicios, mientras que únicamente el 5% para proyectos de inversión (principalmente infraestructura y equipamiento). En este escenario, prácticamente por cada docente hay un administrativo, lo cual resulta de dividir el total de docentes, que alcanzan a 14.095, y el número de administrativos, 10.159 (conforme a datos del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana para 2017).
Las universidades realizan aportes en investigación e interacción social, sin embargo, su mayor contribución radica en la formación de profesionales. Los ciudadanos financian mediante los impuestos que pagan a las casas superiores de estudio y, por tanto, es necesario que conozcan los resultados de la inversión en educación que realiza el Estado.
Los datos muestran lo siguiente: en 2012, en todas las universidades se tenía 374.550 matriculados; transcurridos cinco años (que es lo que dura en promedio una carrera universitaria), se esperaría que un porcentaje significativo de los estudiantes se graduase como profesional. La información muestra una situación diferente: para 2017, se graduaron 24.098 nuevos profesionales. Esto equivale al 6,4%. Visto de otra forma, quiere decir que de 100 estudiantes matriculados en 2012, únicamente 6 se titularon en 2017.
En conclusión, el Estado cumple con el mandato constitucional de garantizar la autonomía financiera de las universidades; sin embargo, es importante que dichas instituciones reflexionen acerca de los resultados que ofrecen con el uso de los recursos que, reiteramos, provienen de los aportes de los ciudadanos que puntualmente pagan sus impuestos.
- Jaime Durán Ch., Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
