Consultado sobre el amparo constitucional presentado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para la suspensión de una interpelación en su contra, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dijo que esa instancia presentó una queja al presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.
“(La acción del Ministro de Economía) es totalmente cuestionable y, por supuesto, nosotros hemos hecho llegar nuestra queja, nuestra profunda molestia tanto al presidente del Estado (Luis Arce), como al vicepresidente (David Choquehuanca), porque no puede ser que un ministro de Estado nos cause este tipo de problemas en el Órgano Legislativo”, dijo en una entrevista con La Razón Radio.
La semana pasada, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz respondió a la acción de amparo constitucional de Montenegro, a la que se adhirió la mitad del gabinete de Luis Arce y que fue admitida por el vocal Israel Campero.
El ministro y otros colegas suyos solicitaron la suspensión de las interpelaciones como medida cautelar en su condición de terceros interesados. Esa acción fue admitida por el vocal, que remitió el recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ahora, el TCP debe emitir un fallo; mientras tanto, todas las interpelaciones quedaron congeladas.
Ante ese hecho, Mercado anunció procesos penales contra por supuesto prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes contra los miembros de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz.
El legislador advirtió que el Órgano Judicial vulnera la Constitución al “entrometerse” en las atribuciones del Órgano Legislativo, para fiscalizar e interpelar a los ministros.
En ese marco, la bancada del MAS en el Senado adelantó que también se sumará a la demanda penal contra las autoridades judiciales.
Mercado agregó que se debe trabajar una norma que regule las interpelaciones, para velar los derechos de las autoridades del Órgano Ejecutivo y garantice la labor fiscalizadora del Legislativo.
“Hay que trabajar en una ley consensuada que dé respuestas claras, concretas, y que viabilice y nos dé un Estado de derecho donde se nos deja la facultad de interpelar, pero también donde no se lo criminalice o se lo juzgue anticipadamente a un ministro, pero que también estén claras las consecuencias de esa censura”, complementó.
