El vicepresidente Álvaro García Linera y el procurador general del Estado, Pablo Menacho, ratificaron este miércoles que el expresidente Carlos Mesa es el principal responsable de que el Estado tenga que pagar $us 42,6 millones a la empresa chilena Quiborax, ya que fue su gobierno el que utilizó un procedimiento irregular para revertir los contratos de concesión con esta firma en el Salar de Uyuni, lo que a postre sustentó el proceso de arbitraje contra Bolivia.
Rechazaron además que el Gobierno no hubiera hecho nada respecto al documento falsificado que utilizó esa firma al inicio del proceso, tal como denunció ayer Mesa al presentar ante la Fiscalía General un escrito con esa denuncia, en su afán de parar la demanda de juicio de responsabilidades planteada en su contra.
«Lo que el señor Mesa saca con esta información es un señuelo para despistar de un tema central», aseveró García Linera durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Complementó que el tema de fondo es «por qué un Presidente, en lugar de usar el procedimiento que corresponde para recuperar los recursos naturales, usó otro procedimiento que no era el legal» y que al final dio origen al proceso contra Bolivia.
Sobre el documento al que hizo referencia Mesa, aseguró que la falsificación fue descubierta por el propio Gobierno, que luego inició un proceso contra el responsable, el exaccionista de Quiborax, David Moscoso. «La falsificación del título la encontramos nosotros, la llevamos al juez y obtuvimos una sentencia gracias a nuestra intervención, pero el problema es otro», insistió.
En la misma línea, Menacho también ofreció una conferencia d prensa poco antes, en la que reafirmó su decisión de seguir, por tres delitos penales, el juicio de responsabilidades planteado en contra de Mesa. Además lo desafió a demostrar la legalidad de la reversión de la concesión a Quiborax en el Salar de Uyuni.
El Produrador salió a dar mayores detalles del proceso instaurado por la firma de capitales chilenos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego que ayer el exmandatario denunciara que ese arbitraje fue planteado sobre la base de un documento falso de constitución, que el Estado no objetó.
Admitió que efectivamente fue presentado ese documento falso, pero dijo que Bolivia lo denunció e hizo parte de su estrategia de defensa, aunue al final el tribunal arbitral no lo tomó en cuenta y, más aún ,instruyó al Estado de forma “inocua, leonina y totalmente fuera de lugar” levantar el juicio planteado contra Moscoso por la falsificación de esa acta de constitución para suplir otra y dar paso al proceso.
“Incluso llegó a recusar a todo el tribunal arbitral después que ese tribunal hubiese emitido una medida cautelar, donde le prohibía al Estado boliviano llevar al proceso penal (de esa acta”, afirmó e insistió que el fallo, sin embargo, no tiene base en ese documento sino en las acciones que tomó o no la administración de Mesa.
Menacho desafió al exmandatario a demostrar que actuó sujeto a las normas legales vigentes en ese momento para revertir la concesión en el Salar de Uyuni y, de ser así, mostrar las seis auditorías que debía hacerse bajo mandato de ley y en plazo específico, los documentos sobre el procedimiento de nulidad de concesiones en base al entonces Código Minero y los informes técnicos y legales que respaldaron la reversión de la concesión.
Mesa hizo la revelación ayer y en un segundo memorial que presentó a la Fiscalía General del Estado para pedir el rechazo de la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría en su contra tras el fallo del CIADI, que ordenó al Estado pagar una indemnización de $us 42,6 millones a la firma de capitales chilenos.
Menacho respondió que insistirá en la demanda presentada y que está en trámite en la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, y conducta antieconómica.
“Es en este esquema, en el ámbito netamente jurídico no político, que la Procuraduría ha presentado su proposición acusatoria (proceso) ante la Fiscalía General y es en ese ámbito que la va a llevar adelante a objeto de la determinación de todo el daño que se ha causado al Estado boliviano. Vamos a seguir defendiendo, es la tarea y responsabilidad de la Procuraduría, nosotros vamos a seguir defiendo y vamos a dar con toda la responsabilidad que, acuerdo a este tribunal (CIADI) recae sobre la medida adoptada por Carlos Mesa”, afirmó en una conferencia de prensa.
El laudo arbitral estableció el pago de $us 52,7 millones, incluidas las multas e intereses por el tiempo transcurrido durante la impugnación a la resolución en su primera instancia. Una negociación logró bajar esa deuda en $us 14 millones y al final se logró una acuerdo transaccional para resarcir $us 42,6 millones.
Los abogados que patrocinaron a la firma chilena eran chilenos, por lo que Menacho no vio mayor problema en la negociación y firma de acuerdo con el chileno Andrés Jana, quien representó los intereses de la firma Quiborax en el arbitraje. (13/06/2018)
